La ex escolta de Irene Montero revela al juez que también utilizó como niñera a otra empleada de Podemos

Una ex escolta de Irene Montero ha asegurado hoy al juez del “caso niñera” que cuando trabajó en labores de seguridad para la ahora ministra de Igualdad ésta le encargó de forma excepcional realizar tareas estrictamente personales, como “gestiones del padre” o ir a recoger a otros miembros del equipo, unos cometidos que excedían de las funciones propias de seguridad. Según fuentes jurídicas, en su declaración como testigo, Elena González ha identificado a otra trabajadora de Podemos -Gara Santana- que, aunque adscrita al equipo de prensa, llevaba a cabo las tareas de cuidado de los hijos de Montero y Pablo Iglesias en el domicilio familiar.

Según ha contado, ella misma se encargaba de llevarla a su casa y durante esos desplazamientos le habría contado lo que hacía y que estaba “un poco cansada de hacer ese trabajo de cuidadora”. Además, ha añadido que a sus compañeras les afectaba mucho que no realizara su trabajo porque tenían que asumirlo ellas.

Tanto Vox como la Asociación de Juristas Pro Lege tienen intención ahora de solicitar al juez Juan José Escalonilla que cite a declarar como testigo a dicha trabajadora, para que aclare si efectivamente ejerció como niñera de los menores. Según la abogada de Vox, Marta Castro, “lo que ha quedado claro es que quien cuidaba a los niños de Irene Montero en su casa era otra persona del equipo de prensa y que evidentemente si estaba desarrollando funciones de cuidadora no podía realizar las tareas para las que estaba contratada”.

Vox: “Resulta poco creíble”

Según la letrada, hay que esclarecer si Irene Montero y Pablo Iglesias “pagaron a alguien por cuidar a los niños y de qué manera los cuidaban”. “Si su defensa es que eran trabajadores de Podemos o del Grupo Parlamentario quienes cuidaban a los niños resulta poco creíble -ha recalcado- que estén cuidados más de ocho horas mientras ellos estaban en su trabajo y que todo el mundo se pusiese a su disposición”.

La ex escolta de la actual ministra de Igualdad no ha corroborado, sin embargo, que tuviera conocimiento de que otra trabajadora del partido, Teresa Arévalo, ahora asesora de Irene Montero, se dedicase al cuidado de los pequeños durante un mitin en Alicante de la campaña de las generales de 2019. Aunque ella coincidió en distintos viajes con Arévalo, ha explicado, no fue en la época en la que la ministra y Pablo Iglesias ya eran padres.

Escalonilla se ha visto obligado a asumir el “caso niñera” -que instruía el magistrado José María Escribano, titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid- tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que acordó que la investigación se llevase a cabo por el instructor del “caso Neurona”, que indaga en la supuesta financiación irregular de Podemos en las elecciones generales de 2019.

La demanda de González contra Podemos por despido improcedente no llegó a juicio tras llegar a un acuerdo con la formación coincidiendo con el nombramiento de Montero como ministra, un pacto que incluía un acuerdo de confidencialidad que le impide entrar en detalles sobre su pasada relación laboral con la formación morada.

Demanda contra Podemos y pacto de confidencialidad

Tal y como informó LA RAZÓN, la ex trabajadora de Podemos presentó en agosto de 2019 una demanda en los juzgados de lo Social de Madrid por despido improcedente en la que aseguraba que Montero la obligaba a realizar tareas ajenas a su labor, más propias de una asistenta personal, como hacer de chófer “de la empleada doméstica y de la niñera”, e incluso de “familiares” e “invitados”, o comprar la “comida de los perros” o llevarle la cena fuera del horario laboral.

Según Elena González, la ahora ministra de Igualdad le requería para esas tareas también fuera de su horario laboral, impidiéndole disfrutar del descanso obligatorio entre jornada y jornada. La ex empleada de Podemos denunció, por ejemplo, que Montero le hizo adelantar su jornada laboral para encender la calefacción del coche para que “estuviera caliente” antes de que ella llegara e incluso le encomendó supuestamente que gestionara unas obras “en una de sus propiedades”.

La comparecencia como testigo de Elena González se enmarca en el “caso niñera”, en el que el magistrado investiga si Montero (a la que en todo caso no podría imputar al estar aforada ante el Tribunal Supremo) pudo cometer un delito de administración desleal al utilizar supuestamente como niñera a una trabajadora del partido, Teresa Arévalo, durante un mitin en Alicante en la campaña electoral de las elecciones generales de 2019. Arévalo negó al juez que ejerciera de niñera para la hija de Irene Montero durante la campaña electoral de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 y explicó que solo la tuvo en sus brazos “unos segundos”, como hicieron otros miembros del equipo de campaña.

La denuncia de Carmona

Según explicó Arévalo al magistrado, en 2019 era dirigente de Podemos y jefa de gabinete de la entonces portavoz parlamentaria de la formación morada, Irene Montero, pero “no cobraba del partido”, sino del grupo parlamentario, algo que ratificaron tanto la gerente morada, Rocío Val, como el tesorero, Daniel de Frutos.

La denuncia partió de la ex responsable del área de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona, quien como su compañero José Manuel Calvente, también ex abogado de la formación morada, fueron despedidos tras denunciar supuestas irregularidades en la gestión financiera del partido que ahora dirige Ione Belarra.

Carmona aseguró en un escrito remitido al juez del “caso Neurona”, Juan José Escalonilla, que fue destituida “tras enviar el 25 de noviembre de 2019 un correo a la gerente de Podemos, Rocío Val, y al responsable de Seguridad de Podemos Víctor Martins, solicitando información completa sobre la contratación de esta trabajadora” (en referencia a Elena González), algo que ratificó en su declaración ante el instructor, aunque no aportó documentos para sustentar su denuncia argumentando que no pudo llevárselos al ser despedida de forma fulminante.

Escalonilla vio indicios de delito pero concluyó que los hechos eran ajenos a la investigación del “caso Neurona”, por lo que a instancias de la Fiscalía acordó remitirlos al decanato para su reparto al juzgado que por turno le correspondiese, recayendo finalmente las diligencias en el que dirige Escribano.