Anticorrupción seguirá la investigación del contrato de Tomás Ayuso, pero Europa mirará la malversación

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha logrado apoyo unánime en la Junta de Fiscales de Sala para decidir sobre la competencia de la Fiscalía Europea en la investigación del contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La cúpula fiscal ha apoyado este lunes que sea en Anticorrupción donde se siga indagando el caso porque los delitos son nacionales, si bien la Fiscalía Europea podrá analizar si se produjo una malversación de fondos comunitarios.

Algo menos de dos horas estuvo el órgano que reúne a los fiscales de mayor rango de la carrera y no se extendió mucho, precisamente, por el consenso suscitado. Comenzó hablando Delgado y luego el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, expuso los argumentos de por qué los posibles delitos que puedan surgir de la contratación por 1,5 millones de euros de una empresa con vínculos con la familia Ayuso deben investigarse en territorio nacional. Si se cometió la falsedad documental, el tráfico de influencias o la negociación prohibida entre funcionarios fue entre funcionarios españoles y en territorio español. Por tanto, ninguno de los presentes -vía telemática prácticamente todos- tenía nada que objetar.

En la reunión, según fuentes presentes en la misma, se trabajó sobre dos decretos que la delegada de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, había facilitado: uno de incoación de diligencias -que ya ha abierto por malversación de caudales y fraude a la administración que afectan a la Unión Europea- y otro de avocación de la causa, es decir, quedarse con toda la investigación por la conectividad de los delitos. Es sobre este último sobre el que se debatió y al que la fiscal general contestará con una negativa. Sobre el primero, el de iniciar diligencias no pueden hacer nada porque el Ministerio Público español no puede impedir que Sabadell inicie un procedimiento. Además, las fuentes consultadas han remarcado la «poca colaboración» y «poca lealtad» de la Fiscalía Europea que ni siquiera ha facilitado la carta del Servicio Nacional de Cooperación Antifraude (SNPA) que fue el que inicialmente dio el aviso de que el contrato de las mascarillas de la Comunidad de Madrid fue pagado con fondos europeos.

Hay que tener en cuenta, además, que la Fiscalía Europea actúa de forma diferente que el Ministerio Público en España. Aquí todo el caso está en un estadio «preprocesal», es decir, dirimiendo si hay delito para interponer querella o no, mientras que el organismo europeo actúa las veces de juez, igual que funciona la Justicia en muchos otros países de Europa.

Se eliminó un párrafo del decreto

Las fuentes fiscales consultadas explican que el borrador del decreto que llevó Delgado -que ella ya había aprobado, pero luego dejó sin efecto hasta que se celebrara esta reunión- fue avalado por los demás a excepción de un párrafo en el que hacían expresa referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin mencionar a Isabel Díaz Ayuso, sí decía que esta investigación podía afectar a las más «altas instituciones». Presentes allí se negaron porque si está en un estadio «preprocesal» no estaban de acuerdo con que se identificara ya a la presidenta madrileña con futuribles. En el decreto firmado por Delgado horas después de terminar la reunión se especifica que los hechos que están bajo la lupa son «diferenciables» y pueden dividirse siempre que reine la cooperación entre ambas Fiscalías.

Horas antes del cónclave, la Fiscalía Europea remitió una carta a Delgado para «recordar que en una situación de conflicto de competencias siempre debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Este amago de asumir toda la causa del organismo no fue bien recibido en la Fiscalía General. Desde allí, entienden que una vez resuelto el conflicto de competencias el asunto se cierra porque el artículo 9 del Reglamento Europeo indica que decidirá la jefa del Ministerio Público. «El conflicto de competencias se cierra con arreglo a la ley», expuso Luzón a la salida del cónclave. Si bien al ser un organismo de tan reciente nacimiento está la duda de si cabe recurso al decreto de Delgado.

Ayuso amplía la denuncia contra el Gobierno

Los populares madrileños han ampliado este lunes la denuncia que interpusieron a principios de marzo contra distintos contratos del Gobierno durante la pandemia. En la primera de las denuncias interpuesta el pasado 9 de marzo se incluyeron contratos de empresas con supuestos enlaces con el exministro de Sanidad Salvador Illa, el exresponsable de Transportes José Luis Ábalos, la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por valor de unos 326 millones de euros. Pagos de mascarillas, batas, dispositivos de ventilación mecánica, guantes o gafas de protección.

Esta ampliación se centra en los vínculos detrás de Calviño. “Estamos para ampliar la denuncia y aportar pruebas a esa denuncia. Hemos aportado las cuentas de la empresa vinculada con el marido de Nadia Calviño, unas cuentas que reflejan una pérdida patrimonial y una posible deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria”, ha explicado el portavoz de la formación, Alfonso Serrano.

Todavía sobre esta investigación la Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado, si bien fuentes de la misma indican que en breve habrá decisión.