Podemos exige al Rey que “devuelva” el palacio de Marivent

El ADN republicano de Podemos no es ninguna novedad, como tampoco lo son sus esfuerzos en trabajar por un referéndum para elegir entre Monarquía o República. Sabedores, sin embargo, de que la actual correlación de fuerzas parlamentarias hace sus planteamientos inviables, tratan de contagiar su acento antimonárquico con asiduidad; por medio de charlas para debatir sobre este asunto, o, ahora, con la prerrogativa de intentar que la Casa Real «devuelva» el palacio de Marivent, en el que habitualmente los Reyes pasan sus vacaciones de verano.

Unidas Podemos, que es socio en el Gobierno balear del PSOE de Francina Armengol y el partido nacionalista Mes, envió este viernes una carta al Rey Felipe VI pidiéndole formalmente que «renuncie» al Palacio de Marivent, basándose en «diversas informaciones que apuntan que en los últimos años además apenas le saca partido». Se quejan, además, de que el gobierno autonómico del que forman parte destine «casi un millón de euros anuales» para su mantenimiento. Patrimonio Nacional, por su parte, se encarga del mantenimiento y del personal de la finca principal, con una dotación presupuestaria de unos 220.000 euros al año.

Los morados proponen como solución que este inmueble destinado al uso privado de la Familia Real –a excepción de sus jardines–convertirlo en un «gran atractivo turístico» como el Parque del Retiro o la Casa de Campo de Madrid. «Su incorporación al uso público supondría un indudable atractivo para las islas y un hermoso lugar de ocio y esparcimiento que podría ser disfrutado por centenares de miles de personas». Para Unidas Podemos ello sería un «pequeño gesto» de la Casa Real en el sentido de «intentar contribuir, de alguna forma, a la salida de la crisis y a la a la diversificación del modelo turístico, impulsándolo desde un enfoque cultural y patrimonial».

La titularidad del inmueble pertenece a la comunidad autónoma de Islas Baleares, es decir que es pública y no forma parte de las residencias oficiales de la Familia Real ni de Patrimonio Nacional. Desde 2017, una parcela de los jardines puede ser visitada. El hecho de que todo el palacio pueda ser destinado al uso público es una de las reivindicaciones históricas de los partidos de la izquierda en la comunidad. Hasta el día de hoy, en el inmueble tienen lugar las recepciones oficiales del jefe del Estado, así como los despachos de trabajo entre el Rey y el presidente del Gobierno, o los encuentros con mandatarios internacionales.

El inmueble fue donado en 1966 por la viuda del pintor Ioannes Saridakis a la Diputación Provincial de Baleares con la condición de que este se convirtiera en un museo abierto al público que de manera excepcional pudiera servir a jefes de Estado. En 1973, durante la dictadura de Franco se fijó Marivent como la residencia de verano de D. Juan Carlos y posteriormente en 1986, la Justicia ordenó la devolución de las obras al heredero de Saridakis, que los reclamaba. Patrimonio Nacional dotó de nuevo de obras de arte al palacio.

Diputados de Unidas Podemos, capitaneados por Rafa Mayoral, que ostenta el cargo orgánico en Podemos de secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, consideran que el hecho de que la Casa Real «devuelva» el inmueble a las Islas Baleares sería un «acto de justicia histórica». «Hay que devolver al pueblo lo que es del pueblo y cumplir con la voluntad de la persona que donó Marivent a la ciudadanía de las islas», en palabras del dirigente morado, que explica que el Rey es «la única persona» que puede renunciar a Marivent. Firman la carta otros diputados como Lucía Muñoz y Antònia Jover, así como representantes autonómicos.

Contrarresta esta opinión de los morados con el sentir del alcalde de Palma (PSOE), que señaló que la visita del Rey es «un honor» para la ciudad, reiterando su deseo de que se repita «por muchos años más». No es la primera vez que desde el Ejecutivo regional se emiten señales contra la Casa Real. En 2021, el Polideportivo «Príncipes de España» de Son Castelló cambió de nombre por orden del Govern al considerar que «incumplía la Ley de Memoria Histórica».