El Ejecutivo comunitario se posiciona al lado de España en la vista sobre Puigdemont

El representante legal de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, el letrado Julio Baquero Cruz, ha defendido la independencia de los tribunales españoles a la hora de juzgar a los líderes del procés. Hoy ha tenido lugar la vista en el alto tribunal europeo con sede en Luxemburgo en la que se ha abordado la cuestión prejudicial que planteó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre el alcance de la orden de entrega del expresident Carles Puigdemont. Concretamente, la corte europea deberá aclarar si el Tribunal Supremo es competente para emitir la euroorden o si debe ser el Tribunal de Justicia de Cataluña el que se encargue de este cometido, ya que allí se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los tribunales belgas rechazaron la solicitud de la Justicia española en caso del exconseller Lluis Puig al considerar que el Alto Tribunal español no tenía jurisdicción en este asunto y, por eso, el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, decidió remitir el caso a la corte europea ante el temor de que los tribunales belgas pudiera pronunciarse en el mismo sentido en el caso del ex president Carles Puigdemont, cuya inmunidad parlamentaria como miembro de la Eurocámara ha retrasado el proceso judicial.

Además, la justicia belga rechazó la orden de extradición al alegar que la presunción de inocencia de Puig estaba en peligro debido a un informe de 2019 del Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que ponía en cuestión la independencia de la justicia española.

El Ejecutivo comunitario, sin embargo, ha desbaratado estos argumentos de los letrados de los políticos independentistas que acabaron siendo validados por los tribunales belgas. Baquero Cruz ha asegurado en la vista que no existe un “problema sistémico y generalizado” del respeto al Estado de Derecho en España. Según defiende el magistrado Pablo Llarena en su cuestión prejudicial planteada ante el alto tribunal europeo, Bélgica se extralimitó en sus funciones. Por eso, el magistrado español busca que la justicia europea se pronuncie sobre si los tribunales belgas pueden cuestionar la competencia del Tribunal Supremo en este caso y si este documento de la ONU es un “elemento objetivo, fiable y preciso” que permita denegar la entrega de un perseguido por la justicia española. Además, el magistrado de Tribunal Supremo quiere saber si puede emitir una nueva euroorden contra el ex consejero catalán si la justicia europea considera que Bélgica no actuó conforme a derecho.

Aunque el veredicto tardará meses y corresponde al alto tribunal, el abogado de la Comisión se ha inclinado por respaldar las tesis del Tribunal supremo y ha defendido que “confianza mutua quiere decir confianza mutua entre sistema equivalentes. Si no hay problemas sistémicos, la confianza debe mantenerse”. No es la primera vez que organismos internacionales afean a Bélgica su postura a la hora de frenar la ejecución de las euróordenes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Bélgica por no entregar a España a Natividad Jaúregui, la conocida como “etarra de las mariscadas”, quién durante años se benefició de una plácida vida en Gante.

Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena Serrano, también ha defendido durante su intervención en la vista que “es ilógico y absurdo que el país de ejecución controle la aplicación de las normas de competencia del país emisor”. Polonia y Rumanía, países que decidieron personarse en el proceso a favor de España como adelantó LA RAZÓN, también han intervenido en la sesión.

Aunque el Alto Tribunal europeo falle a favor de alto tribunal español, este paso sólo significa que la Justicia belga volverá a la casilla de salida y examinará si existe equivalencia entre los delitos imputados a Puigdemont ( y Puig) y los que recoge el ordenamiento del país. Mientras se dirime el caso, el expresident seguirá siendo eurodiputado y sólo perderá esta condición si acaba siendo entregado a los tribunales españoles para ser juzgado.

El Parlamento Europeo retiró el año pasado la inmunidad derivada de su condición de representante público tanto a Puigdemont como a los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. En respuesta, los político independentistas interpusieron un recurso ante la corte europea.

Esta retirada de la inmunidad a Puigdemont no tiene en la práctica efectos palpables, ya que el alto tribunal tomó esta decisión ya que las euroórdenes no pueden ejecutarse. Esto significa que el expresident puede moverse con libertad por la UE ya que no existe riego de detención. Esto permite a Puigdemont viajar desplazarse todos los meses desde Bruselas a Estrasburgo (Francia) dónde tienen lugar las sesiones plenarias de la Eurocámara. En septiembre de 2021, el político independentista fue detenido en Cerdeña (Italia), después de que el Supremo asegurase a las autoridades del país que la euroorden seguía en vigor. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó que la entrega está suspendida hasta que se resuelva la cuestión prejudicial, por lo que Puigdemont no puede ser arrestado.