Estos son las 7 empresas que investiga Anticorrupción por vender material al Gobierno

La Fiscalía indaga, tras la denuncia de Ayuso, las adquisiciones de los entonces ministerios de Ábalos e Illa así como empresas relacionadas con Calviño y Sánchez

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido que no solo investigará las contrataciones públicas del Gobierno de Madrid durante la pandemia. También analizará las adjudicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez después de la denuncia que la propia presidenta regional Isabel Díaz Ayuso interpuso a siete empresas que obtuvieron 13 contratos. Así consta en un decreto que ha firmado este viernes el jefe fiscal Alejandro Luzón en el que especifica que la intención es esclarecer si hubo delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias y malversación. Aclara que no consta por el momento participación de personas aforadas, es decir, miembros del Ejecutivo en cuyo caso las competencias deberían transferirse a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En su escrito de apertura de diligencias, Luzón hace referencia, precisamente, al procedimiento que se abrió para indagar en los contratos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con empresas del hermano de Ayuso. Dice que, igual que entonces, no puede dejarse de abrir una investigación dada la “indiscutible trascendencia social” del contexto. Se refiere a la contratación pública durante el peor periodo de la pandemia.

Fiscalía Anticorrupción, contratos investigados
Fiscalía Anticorrupción, contratos investigados FOTO: T. Nieto

De esta forma son siete las empresas bajo análisis con contratos con diferentes ministerios en ese momento dirigidos por el exministro de Transporte José Luis Ábalos; el exministro de Sanidad Salvador Illa; la actual vicepresidenta del Gobierno y titular del ministerio de Economía Nadia Calviño; y una empresa que se relaciona con los padres del presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez. Anticorrupción explica que “nada se aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican”, así que quedan excluidos “de cualquier participación”, al menos en este momento de la investigación y se centran en las comprobaciones de los contratos.

El jefe de Anticorrupción detalla una a una las sociedades y argumenta que de lo que se trata es de “esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados por fallidos o fraudulentos se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa”. Todas estas adjudicaciones se hicieron por el procedimiento de emergencia, sin trámite público, sino utilizando el resquicio que la ley deja en estos casos de premura para contratar a dedo. Una parte de las diligencias han sido encomendadas al fiscal Luis Pastor.

Las siete empresas

El escrito de Ayuso denunciaba posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación en doce contratos por valor de 326 millones de euros y 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.

Soluciones de gestión y apoyo a empresas S.L.: tiene relación con Ábalos y, mientras en 2019 su cifra de negocio fue de 0 euros en 2020 creció hasta los 53 millones por adjudicaciones públicas directas. La actividad a la que dice dedicarse no tiene relación directa con el objeto del contrato que firmó con el Ministerio de Transportes.

FCS Select Products S.L.: apuntan que está relacionada con el actual dirigente del partido socialista catalán Salvador Illa. Su actividad social -servicios de fabricación de productos artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- no tiene tampoco relación con nada de lo que fue contratado. No se comprobó su solvencia cuando se contrató además de que la administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa. Igualmente en 2018 su cifra de negocio fue menor al millón de euros mientras que en 2020 se disparó a los 263 millones por adjudicaciones públicas.

Member of the tribe S.L.: se dedicaba a la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios, por lo que nada relacionado con productos sanitarios. Tampoco se comprobó su solvencia y el precio que se pagó por los guantes que vendieron fue excesivo frente a otros proveedores, entre un 25 y un 500% más. El Ministerio de Sanidad adelantó el 30% del importe de los contratos pagando 1.699.200 euros. Como la compañía incumplió el plazo de entrega el contrato se resolvió pero nunca se recuperó el dinero adelantado.

Weihai Textile Group Import & Export: ni se comprobó la solvencia ni tiene relación lo que vendía con el suministro de productos sanitarios. Además la adjudicación de batas fue excesiva porque ofrecían cada una por 16,7 euros mientras que en otros sitios valían menos de 0,3 euros.

Hyperin Grupo Empresarial: sucede lo mismo con el objeto social y la solvencia. Sanidad adelantó el importe total del contrato que alcanzaba 3.310.556 euros y la compañía, de nuevo, incumplió el contrato. Ahora está pendiente de devolver 1.801.481 euros.

Además de estas cinco empresas, Anticorrupción añade otros contratos denunciados por el equipo de Ayuso que nada tienen que ver con el Covid-19, pero que muestran irregularidades:

Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A: está relacionada, según el denunciante, con Calviño porque su marido es el director de marketing. La adjudicación del contrato se realizó cuando la empresa tenía deudas de más de un millón de euros con el Gobierno.

Industrias Plásticas Playbol S.L: las ayudas recibidas por esta sociedad las relaciona el denunciante con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente del Gobierno. Estos vendieron en 2018 activos y maquinaria a la empresa Playbol de la que continúan como apoderados ambos.

El hermano de Ayuso bajo la lupa

Estas diligencias se suman a las que se incoaron el pasado 22 de febrero para determinar si la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cursó de forma irregular unos contratos de mascarillas de cuyo pago el hermano de Díaz Ayuso cobró una comisión. En este caso los denunciantes fueron PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que, primero, denunciaron un contrato por 250.000 mascarillas en 2020 y, luego, ampliaron la denuncia a todos los que se realizaron con la mercantil Artesolar Iluminación cuyo administrador era el hermano de la presidenta.

Poco ha trascendido de estas pesquisas desde que se iniciaron. Las está instruyendo el propio jefe de la Fiscalía y se indaga si las comisiones que Tomás Ayuso admitió (en boca de su hermana) haber cobrado se hicieron por los cauces legales. La presidenta regional reconoció que habían sido 55.850 euros más IVA, más otras facturas que no detalló. El que fuera líder del PP Pablo Casado dio el dato de 286.00 euros, sin especificar de dónde lo había extraído. Todos estas cifras tendrán que ser también aclaradas.