Sánchez busca desactivar el relato independentista con el caso del espionaje

Nuevo giro de guion en el «caso Pegasus». El escándalo de presunto espionaje a líderes y activistas catalanes que ha complicado la existencia al Gobierno en los últimos días, poniendo en cuestión el sostén parlamentario de ERC al Ejecutivo, registra un quiebro inesperado que coloca a Moncloa en el epicentro de la investigación. El Gobierno da ahora la vuelta al relato independentista y pasa de acusado a víctima, de presunto espía a ser el objeto del espionaje. Así lo revelaron ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que comparecieron en una insólita rueda de prensa, a las 9:30 horas de un día festivo, para informar de que habían puesto en conocimiento de la Justicia, vía denuncia, que los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron espiados a través del programa Pegasus en mayo y junio de 2021.

De este modo, el caso registra un viraje sustancial en una semana importante para el Ejecutivo en lo que respecta a la rendición de cuentas por el escándalo del citado software. Una polémica mal gestionada por el Gobierno, desde su inicio, que impactó en el Congreso de los Diputados el pasado jueves por el veto de Esquerra al decreto para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania y que seguirá manteniendo su protagonismo en los próximos días en la Carrera de San Jerónimo. El miércoles está prevista la comparecencia de una de las afectadas directas, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa. Sus palabras la semana pasada en la sesión de control resuenan con un eco especial ahora: «Podemos hablar de Pegasus sí o Pegasus no», pero cuando «salga todo» algunos a lo mejor «tendrán que callarse», les espetó a los independentistas. Por fijar aún está el día concreto en que la directora del CNI, Paz Esteban, dará explicaciones en la recién constituida comisión de secretos oficiales.

En este contexto, Moncloa revela las intrusiones en los terminales del presidente y de la titular de Defensa que han descubierto los servicios de inteligencia y que datan del mes de mayo de 2021, en el caso de Sánchez, y de junio de 2021, en el de Robles. La intromisión en el dispositivo del jefe del Ejecutivo se dio en dos ocasiones, en la primera se produjo una extracción de 2,6 gigas de información –lo que equivale a un volcado completo del terminal, con la gravedad que esto supone por lo «sensible» de la información que contiene– y en la segunda, 130 megas. A Robles apenas le sustrajeron nueve megas. Fuentes del Ejecutivo señalan que tuvo conocimiento de esta situación el pasado domingo, tras estudiar el teléfono móvil de los afectados durante el viernes. Era necesario un análisis forense de entre 24 y 36 horas de duración.

El hecho es de una extrema gravedad. Tanto si no se ha detectado hasta ahora, un año después, como asegura Moncloa, por la importante brecha de seguridad que esto supone. Como si se supo entonces y no se ha hecho público hasta ahora por oportunidad política, ante la crisis generada con el independentismo. Sin embargo, las informaciones reveladas no han tenido un efecto balsámico sobre sus socios de investidura, que mantienen su petición de que se depuren responsabilidades, personificadas en la «cabeza» de Robles, y lo tildan de «cortina de humo». También desde el PNV se critica el «descontrol», se exigen dimisiones y la creación de una comisión de investigación en el Congreso, que en el Gobierno no ven visos de prosperar.

De Ghali a los indultos

Pero, qué estaba pasando en España en mayo y junio de 2021 que pudiese motivar el espionaje. A nivel doméstico, los hechos se enmarcan en los meses en que se tomó la decisión de indultar a los condenados por el «procés» y en la reunión entre Sánchez y Aragonés que se celebró a finales de junio en la Moncloa. En el ámbito internacional y en las relaciones con Marruecos, España acogió a espaldas de Mohamed VI al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado por Covid-19, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes que derivó, a modo de reacción, en el asalto masivo a la frontera de Ceuta. «Hemos venido a informar sobre hechos contrastados. No es el momento de hacer suposiciones o conjeturas», respondió Bolaños sobre las posibles culpables.

Desde entonces, no se ha detectado ninguna intervención posterior, según confirman desde Moncloa. De hecho, la monitorización de los terminales del presidente y del resto de los ministros correspondía a las funciones del propio Bolaños como Secretario General de Presidencia, ya que tenía la dirección de medios operativos. En el Ejecutivo ponen el acento en que se trata de una «intrusión externa» que se «ha consumado» y en la que se extrajo un determinado «volumen de datos», sin que puedan especificar, por el momento, a qué contenido concreto se accedió.

«Es ajena a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial», explicó el ministro de Presidencia sobre lo que consideran una «intrusión externa e ilícita». No quiso asimilar «externa» a «extranjera», de tal modo que no se descarta que sea otra entidad no estatal como una gran corporación. Desde el Ministerio de Defensa señalaban estos días que a Pegasus tenían acceso otros organismos ajenos a los gobiernos, aunque la empresa asegure que solo vende el programa a estados.

Tras constatarlo con informes del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, el Ejecutivo puso la denuncia ante la Audiencia Nacional, competente para ello, y ha iniciado un proceso de verificación en todos los terminales de los miembros del Gabinete, un proceso que no ha culminado y del que se informará a su finalización. Como ocurriera en otras cuestiones de Estado, desde Moncloa se informó a Yolanda Díaz apenas minutos antes de hacer pública la información, para que fuera ella quien se lo trasladara al espacio de Unidas Podemos.