Madrid

Anticorrupción pedirá que la Policía analice si Medina y Luceño fabricaron los contratos con Malasia

La Fiscalía quiere contrastar los datos de los justificantes que aportaron al Ministerio Público los comicionistas como «agentes exclusivos» con los que enviaron a los bancos

El empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid donde este lunes presta declaración como investigado junto a Alberto Javier Luceño por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario al comienzo de la pandemia.
El empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid donde este lunes presta declaración como investigado junto a Alberto Javier Luceño por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario al comienzo de la pandemia. FOTO: Sergio Pérez EFE

La Fiscalía Anticorrupción va a solicitar la intervención de la Policía en el «caso mascarillas» para seguir el rastro de los contratos con Malasia. Según confirman fuentes del procedimiento, el Ministerio Público pedirá a los agentes que accedan a las huellas digitales de los documentos que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño entregaron en sus bancos para acreditarse como agentes «exclusivos» de la empresa malasia con la que vendieron al Ayuntamiento de Madrid el material sanitario.

Estos certificados constan ya en el sumario y Anticorrupción ha hecho una serie de comprobaciones para saber la fecha de creación, el autor y los demás datos que el ordenador ofrece cuando se analiza el reverso digital. De lo que se trata ahora es de cotejar, en primer lugar, si los que entregaron Luceño y Medina en sus respectivos bancos cuando justificaron que las comisiones millonarias procedían de sus actividades comerciales internacionales son idénticos a los que tiene el fiscal Luis Rodríguez Sol. Y, en segundo lugar, si aun siendo los mismos la Policía con sus medios de análisis digitales puede escudriñar más pormenores de los papeles en los que aparece como firmante el empresario malasio San Chin Choon.

El Ministerio Público sospecha que estos fueron creados ad hoc por los investigados y así lo mostró en la querella que interpuso en abril. Los documentos no cuadran ni en fechas ni en firma. Se les acreditó como representantes de la empresa en España en 2019, cuando la venta al Ayuntamiento se produjo en 2020 y en uno consta Medina con Luceño, mientras que en otro aparece Luceño con un tal MrChan Beng Kay. Las sospechas sobre la falsedad de estos papeles han ido «in crescendo» a medida que avanza la instrucción del Juzgado número 47 de Madrid y, en particular, desde que la propia Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) -cuyo logo aparece en el encabezado- remitió un comunicado exponiendo que «en ningún caso» las publicaciones de entidad incluyen criterios sobre la cuantía de la comisión que corresponde al intermediario. «No existe ninguna pauta internacional que cuantifique ese importe», firmó el secretario general del ICC en España, Jordi Sellarés.

De hecho, el juez Adolfo Carretero -a cargo del caso- ha preguntado al organismo sobre la validez del papel en cuyo friso también se incluyen logos del FBI o de la Interpol. Con estas credenciales Medina se embolsó más de un millón de euros y su socio más de seis.

En la declaración que se produjo este lunes ante el juez, uno de los directores del banco (testificaron los responsables de las entidades bancarias de ambos) dijo creer que todavía guardaba los correos con el comisionista. Las fuentes consultadas indican que la idea es que la Policía Científica solicite directamente a la sucursal estos papeles y lleve una inspección a fondo. Esta es la única vía factible para esclarecer la veracidad de la conexión con Malasia, ya que el fiscal trató de tomar declaración al empresario San Chin Choon con poco éxito.

Mientras Anticorrupción se centra en el delito de falsificación de documento y la responsabilidad de los dos investigados, las acusaciones populares buscan indicios sobre posibles tráficos de influencia. Después de la oposición del Ministerio Público a citar como investigados a la responsable de estas compras del Ayuntamiento (Elena Collado) y al primo del alcalde Carlos Martínez-Almeida el juez ha acordado escuchar como testigo al segundo de ellos. La declaración de Collado todavía está en el aire.