Funcionarios de prisiones vascos llevan al Gobierno de Urkullu ante la Justicia por sus condiciones laborales

Los tribunales del País Vasco y los de Madrid estudian ya dos demandas que unos 50 funcionarios de prisiones han interpuesto contra la forma de proceder del Ejecutivo de Íñigo Urkullutras el traspaso de competencias de las cárceles. No están de acuerdo en que haya diferencias entre los trabajadores que ya estaban en Euskadi y los que acaban de llegar para quedarse. Se quejan de menos vacaciones y diferente salario, mientras el incendio provocado amenaza con llevarse por delante a algunos de los encargados de las negociaciones.

El Gobierno vasco tiene desde el pasado 1 de octubre la responsabilidad de adaptar todo un plan para las tres prisiones en su territorio que se quedan bajo su tutela. Esto incluye todo lo relativo a los presos y también lo relacionado a los funcionarios y es aquí donde están empezando a producirse los primeros problemas.

De los 619 trabajadores repartidos en las tres cárceles, según los datos de los sindicatos, hubo unos 70 últimos que se incorporaron en el último concurso. Estos, que llegaron en febrero, lamentan que al aterrizar se han sentido decepcionados. «Han sido engañados decidieron, sin saber que mermarían sus derechos, acudir a los centros penitenciarios vascos», explica una misiva de los trabajadores.

Unos cincuenta se han unido para recurrir ante lo Contencioso-administrativo esta «discriminación» que entienden que se está produciendo en las cárceles. Han interpuesto una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra el ejecutivo de Urkullu y otra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque aunque el asunto ya no es competencia de Instituciones Penitenciarias creen que su responsable, Ángel Luis Ortiz, los ha dejado a los pies de los caballos y que la responsabilidad también debe extenderse. Además, han remitido cartas a los tres directores de las prisiones para pedir igualdad de condiciones.

Lo que sucede es que los funcionarios de prisiones que tradicionalmente trabajan en el territorio originario de la banda terrorista ETA tenían otras condiciones. Un plus de peligrosidad en el salario y más días de descanso que correspondían a tiempo para su recuperación psicología ante la presión a la que en su momento estaban sometidos por el terrorismo. La Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco que se ha hecho cargo de las prisiones acordó con los sindicatos que estas condiciones laborales se mantuvieran durante dos años hasta que negociaran cómo iba a hacerse, de forma burocrática, todo el traspaso, el catálogo de puestos de trabajo, etc. Sin embargo, los recién incorporados no entraron en este trato y mantienen las condiciones de origen: menos dinero y menos días de libranza. Se quejan, según los trabajadores consultados, de que por ejemplo no están incluidos en un plan de pensiones que sus compañeros sí tienen.

«Se entienden vulnerados gravemente los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios aquí representados por la actuación discriminatoria de la dirección de la administración de justicia del gobierno Vasco”, indica la demanda a la que este periódico ha tenido acceso. Fuente de la Consejería señalan que los ajustes en el salario se están produciendo, pero destacan que no es lógico que las nuevas incorporaciones adquieran unas condiciones que se daban cuando la banda terrorista todavía actuaba. Una vez extinto el peligro ya no tiene sentido mantener este pequeño privilegio, aclaran. Los jueces decidirán ahora si estudian este pleito.