El diputado Casero explica al Supremo los cinco contratos del Ayuntamiento y pide el archivo

El diputado del PP Alberto Casero ha solicitado al Tribunal Supremo que archive la causa en la que se investigan delitos de prevaricación y malversación vinculados con contratos cuando él era alcalde del Ayuntamiento de Trujillo entre 2017 y 2018. En un relato dirigido a la Sala de lo Penal detalla que los cinco contratos bajo sospechas se pagaron porque distintos Juzgados de lo Contencioso así lo obligaron, algo que queda lejos de haber dictado resoluciones contrarias a la ley o de forma caprichosa como exige el Código Penal para condenarlo, señala. Según su versión, en el departamento de contratación había descontrol debido a la “precariedad” de medios.

En un escrito con fecha de este 21 de junio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Casero se ratifica en lo que contó este lunes ante el juez instructor Andrés Palomo del Arco: que había irregularidades evidentes, pero que nunca prevaricó. “La tramitación de esas contrataciones y convenios no siguió los debidos procedimientos administrativos y, por tanto, se pueden calificar de irregulares o, incluso, si se quiere de ilegales, pero no suponen una desviación de poder”, apunta.

En los cinco contratos -firmados con un psicólogo, la cámara de Comercio de Perú, una asociación y dos empresas de comunicación- sucedió lo mismo: se prestaron los servicios, el Ayuntamiento no pagó en tiempo y forma, los afectados recurrieron a los tribunales y los jueces les dieron la razón. En todos los casos hay sentencias condenatorias para la administración local que señala que los servicios sí se suministraron y que había que proceder al pago.

Su defensa, que ejerce el abogado Bernardo del Rosal, resume en tres puntos por qué no existió delito. En primer lugar, el ahora diputado del PP podía haber dado la orden de pagar estos contratos aun con informes desfavorables del interventor (profesional que se encarga de la fiscalización interna en los municipios) quien señaló falta de consignación presupuestaria en la mayoría de ellos y por eso no se abonaron. Pero nunca hizo, “lo que da cuenta del proceder de Casero respecto a la gestión”, replica. En segundo lugar, que estos impagos podían haberse subsanado en un presupuesto de años posteriores “porque el pago era debido y prueba de ello lo son las condenas”. Y, por último, la escasez de medios como rasgo definitorio del Ayuntamiento de Trujillo.

El departamento de contratación solo estaba formado por una persona con conocimientos legales y dos auxiliares, una de las cuales se dio de baja y falleció en 2018. Así que “por más errores administrativos” que pudieran existir Casero “ni se excedió en su ejercicio ni causó perjuicio al patrimonio municipal, ni se apropió para sí o para un tercero de dinero”, remacha el letrado. “Sería muy difícil argumentar la malversación cuando han sido los tribunales de justicia los que han obligado al Ayuntamiento a abonar las facturas”.

Los cinco contratos, caso a caso

El escrito detalla uno a uno cómo se adjudicaron los trabajos, algo que el instructor preguntó paso a paso durante la declaración de Casero en el alto tribunal. La contratación del psicólogo Pablo Bonilla fue una de las más complejas porque primero se le requirió una semana con motivo del día de la mujer de 2017 para organizar unas jornadas, dar charlas en los colegios, etc. Y, luego, debido a “los buenos resultados” se le contrató como autónomo para implementar servicios y actividades con perspectiva de género. Al ser un contrato menor se pagaba mediante facturas. En una tercera etapa lo contrataron como “coaching laboral” por 18.000 y fue en esta fase cuando el interventor puso reparos. No se pagó, pero Bonilla recurrió a un juzgado contencioso de Cáceres que ante la “efectiva labor”, dice la sentencia, condenó al pago.

Parecido fue el caso de la Cámara de Comercio de Perú. La idea del alcalde era poner en marcha un centro de gastronomía y formación en hostelería en Trujillo con la colaboración con una universidad de Lima. Un total de 25.000 euros que también impugnó el interventor y que los jueces otra vez obligaron a pagar. Con la asociación Cultural Bon Vivant se vieron comprometidos otros 18.000 euros. En este caso la idea era organizar unos Premios Pop-Eye de la Música y la Creación Independiente. Efectivamente la ceremonia se celebró tanto en 2017 como en 2018, pero problemas con los patrocinadores terminaron con el asunto nuevamente judicializado y con condena para el Ayuntamiento que tuvo que abonar un total de 56.628 euros por los intereses.

El cuarto contrato fue con Ícaro Consultores para prestar unos servicios en la Feria del Queso de Trujillo. El interventor puso reparo por la falta de consignación presupuestaria y el Ayuntamiento no pagó hasta que otro Juzgado de lo contencioso de Cáceres les obligó: 17.306.63 euros porque la oposición del interventor, aclaran los jueces, “no puede ser obstáculo para el pago de un trabajo efectivamente bien realizado”. El quinto y último también es de la misma Feria y la empresa Radio Interior S.L. De nuevo, desaprobación en los tribunales y condena al Ayuntamiento.