Tribunal Supremo
Casero reconoce irregularidades en el Ayuntamiento, pero niega la prevaricación
El Tribunal Supremo investiga si el diputado del PP amañó contratos entre 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo
El diputado del PP Alberto Casero ha reconocido que existían irregularidades en la tramitación de contratos cuando era alcalde del Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres), pero que nada fue a conciencia como exige el delito de prevaricación. El diputado ha declarado voluntariamente durante casi hora y media en el Tribunal Supremo este lunes para aclarar si amañó una serie de contratos en ese municipio entre 2017 y 2018. “No había nada que ocultar”, ha señalado Casero a su salida del alto tribunal.
El caso fue abierto en un juzgado de Trujillo a raíz de cinco contratos que, presuntamente, el miembro del Comité Ejecutivo del PP otorgó a dedo. El magistrado instructor Andrés Palomo del Arco le ha ido preguntando uno a uno cómo se concibieron estas contrataciones, según fuentes presentes en la declaración. Casero ha afirmado que había irregularidades en los procesos administrativos, algo obvio porque el interventor puso reparos en todas ellas, pero que él no llegó a pagar esos contratos. Él podía haber incluido las cantidades en el siguiente presupuesto, el del año 2019, pero sucede que entonces él ya no era primer edil.
La Fiscalía del alto tribunal ha insistido en alguno de los contratos, por ejemplo, en el de un psicólogo que se contrató para atender a víctimas de violencia de género. Según la fiscal jefa de Cáceres Marta Abellán-García -que vio el caso en el Juzgado de Trujillo antes de remitirlo al Supremo- el especialista nunca atendió a ninguna mujer y, de hecho, en su escrito contra Casero al delito de prevaricación le suma la malversación.
El diputado del PP ha explicado que el psicólogo sí trabajó en el consistorio primero con un contrato laboral de siete días, coincidiendo con el día de la Mujer y luego se le contrató como autónomo. Las citadas fuentes explican que los contratos que el interventor paró se terminaron pagando porque los afectados recurrieron a los tribunales de lo contencioso y hubo sentencias favorables que obligaron al abono, pero que en ningún caso, según sostenido Casero en el Supremo, se trató de un amaño burdo como requiere el delito.
Entre los contratos que están bajo sospecha, se encuentra uno de 2017 que se firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España, comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del consistorio. El acuerdo fue aprobado sin ser sometido a información pública ni al BOE. Lo mismo ocurrió con un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant con la que acordó verbalmente, según consta en el juzgado, unos 18.000 euros. En junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación por otros 18.000 euros.
Asimismo, existía otro contrato con la empresa Icaro Consultores en comunicación para organizar un evento por importe de 14.303 euros, en el que no se informó a los servicios competentes ni se siguió el procedimiento adecuado. Otro más con Radio Interior SL, de servicio de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros. Lo tramitó como si fuera un procedimiento menor cuando, por la cuantía, debería haber sido uno abierto.
Suplicatorio o archivo
Casero ha llegado a las 11:30 puntual y ha estado casi una hora y medio declarando. Se trata de una citación voluntaria, sin que se llegara a tramitar el suplicatorio al Congreso donde está aforado. El juez lo llamó para escuchar su versión a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo y ahora, según indican las fuentes del procedimiento, las opciones pasan por el archivo directamente o, si el magistrado Palomo entiende que tiene que seguir indagando se pasaría a solicitar el permiso de las Cortes.
La fama de Casero alcanzó el máximo cuando el pasado mes de febrero se equivocó dándole al botón de la reforma laboral. Su error en el voto telemático del Congreso produjo que la medida estrella del Ministerio de Trabajo del Gobierno socialista saliera adelante con solo un voto. El suyo.
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