Una jueza pide al abogado de Puigdemont que entregue su móvil infectado por Pegasus

El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por haber sido espiado con el virus Pegasus y le ha requerido su teléfono. La admisión es “parcial”, como solicitó la Fiscalía, porque la jueza María Cristina Díaz ha rechazado investigar a la empresa israelí NSO, dueña del software espía.

En un escrito del pasado lunes la magistrada insta a que Boye entregue los teléfonos móviles que hayan sido “objeto de ataque” entre enero y mayo de 2020. La querella que presentó el abogado se basó en una investigación realizada por un instituto canadiense, The Citizen Lab, en la que detectaron que hasta en 18 ocasiones habían tratado de entrar en su terminal. Boye alega que todas las infecciones “coincidieron con relevantes eventos profesionales”, por ejemplo, cuando estuvo participando en videoconferencias con Puigdemont y el expresidente Quim Torra, así como durante los contactos que mantuvo con los abogados de Bélgica, Escocia y Alemania con políticos catalanes a quien les llevaba la defensa.

El fiscal realizó un informe inicial en el que alegaba que no había elementos “objetivos” “de carácter técnico, documental o testifical” que suscite que las empresas querelladas (las filiales de NSO group) hayan formado parte del espionaje. Así que pidió que se inadmitiera este extremo, pero que se solicitara a Boye su teléfono para realizarle un informe pericial. Lo que sí solicitó el Ministerio Público y así lo ha hecho la jueza es analizar si se ha producido una violación del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

De esta forma, y a pesar de que la magistrada habla que la querella solo se basa en noticias periodísticas, si el abogado entrega su móvil será remitido a la brigada de Policía Judicial para el estudio y la constatación de que estas intromisiones se produjeron. Los agentes tendrán que analizar: “Trazas de la instalación de programas que permitan el acceso remoto y secreto a los terminales por terceros, de la cantidad y tipo de datos extraídos, origen y destino de las conexiones, así como cualquier otro que pueda servir para esclarecer los hechos”.

Consultado el abogado por este periódico ha expresado su intención de no entregar su terminal en el juzgado por lo que las posibilidades de que la investigación sobreviva en los términos que ha puesto sobre la mesa la jueza son escasas.