Anticorrupción exonera a Esperanza Aguirre de la trama Púnica

La Fiscalía presenta el informe final sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid y desinfla la causa después de que hace un año ya quedara fuera Cristina Cifuentes

La ex presidenta regional Esperanza Aguirre, durante la presentación este lunes de su retrato, que pasará a formar parte de la colección de la Real Casa de Correos
La ex presidenta regional Esperanza Aguirre, durante la presentación este lunes de su retrato, que pasará a formar parte de la colección de la Real Casa de Correos FOTO: Miguel Osés EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha exonerado de toda responsabilidad a la expresidenta del Gobierno madrileño Esperanza Aguirre en la presunta trama de financiación irregular del PP, conocida como «caso Púnica». El Ministerio Público presentó este lunes por la tarde el escrito final de la línea de investigación número 9, que indagaba en las irregularidades de financiación de las elecciones del PP madrileño entre 2007 y 2011, y no cree que haya base suficiente para imputar los delitos de los que se acusaba a Aguirre sobre una supuesta «caja B» autonómica, según confirman fuentes fiscales. Las pruebas contra ella no son suficientes, como tampoco lo son para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de quien también han solicitado el archivo. Ahora será el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el que decida si aparta definitivamente a la cúpula del anterior PP de la capital.

La Fiscalía ha presentado un informe en que analiza pormenorizadamente (en más de 800 páginas) los hechos y la participación de las personas afectadas, lo cual ha desinflado notablemente la investigación pidiendo el sobreseimiento para un total de 152 personas físicas y 73 personas jurídicas. Las discrepancias en el seno de la sede de Anticorrupción han provocado que el documento –con el aval del fiscal jefe Alejandro Luzón– solo lo firmara el fiscal Alejandro Cabaleiro, que ha llevado durante dos años la instrucción, y no las dos fiscales que están desde el principio del procedimiento, Carmen Cerdán y María Teresa Gálvez.

El fiscal ha analizado las elecciones de 2007, 2008 y 2011, con las diferentes adjudicaciones en materia de contratación pública y encargos en materia de posicionamiento online. Concluye que, «pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes respecto de las elecciones autonómicas del año 2007», esto ha prescrito, y también lo de 2008, si bien respecto de estas existen elementos indiciarios.

La falsedad electoral que se mantiene es la de las elecciones autonómicas de 2011, por lo que solicitan sentar en el banquillo a Beltrán Gutiérrez Moliner y Francisco José Granados Lerena por un delito electoral, tráfico de influencias y cohecho. Además imputan delitos de prevaricación y malversación a Isabel Gallego Navarrete, Salvador Victoria Bolivar, Borja Sarasola Júdenes y José Martínez Nicolás, así como frente a Alejandro de Pedro Llorca, Diego Mora Borobia y María Luisa de Madariaga y Francisco Lobo Montalván.

Más de dos años imputada

Más de dos años ha estado imputada la expresidenta por la corrupción detectada en los tres organismos que encabezaba: el Ejecutivo autonómico, el PP regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid).

El 29 de enero de 2022, el juez Manuel García Castellón dio por agotada la instrucción sobre esta línea de la trama Púnica que se prolonga ya desde 2016. En estos años las indagaciones han llegado a varios expresidentes de la Comunidad. Antes de Aguirre, que ahora queda fuera del banquillo, fue desimputada Cristina Cifuentes. En abril de 2021 el magistrado acordó archivar el procedimiento porque no se habían acreditado los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de un contrato del servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea regional en las licitaciones de 2009 y 2011. El escrito del juez entonces negó que ella participara de la financiación ilegal del PP de Madrid.

Aunque la instrucción de esta pieza acabó el pasado enero, en estos meses se ha dado tiempo al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias “El Rata”, para que desarrollara en un informe las presuntas irregularidades que denunció “in extremis” en torno al Mercado de Puerta de Toledo. Distintos problemas han impedido que el antiguo edil entregara su dossier, si bien el juez se ha negado a prorrogarle el plazo, una decisión que Anticorrupción instó a corregir.

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de Granados, considerado el “cabecilla” de “Púnica”, en la que podían leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.