El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no renueva la licencia de obras en el Valle de los Caídos

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, ha decidido no renovar la licenciaurbanística para acceder a las criptas del Valle de los Caídos como paso previo a las exhumaciones que han reclamado 104 familias.

Tras ocho meses, el pasado 22 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó la medida cautelar que dejó en suspenso la licencia para la rehabilitación de los accesos a las criptas, una decisión que fue recurrida ante el Tribunal Supremo, motivo que esgrime la alcaldesa para no renovar ese permiso. La decisión satisface a las familias que representa la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos(ADVC) y ha decepcionado a las que pretenden que se busque sin demora los restos de sus deudos. «Entendemos que es una decisión sujeta a la legalidad, independientemente de que a alguien no le guste», señala Pablo Linares, presidente de la ADVC, a quien le consta «un informe municipal que apunta en ese sentido, algo lógico y normal mientras el tema está en los tribunales».

Por contra, otros familiares de víctimas del Valle han remitido a la alcaldesa una carta firmada por Iñigo Jaca Arrizabalaga, sobrino del miliciano vasco inhumado en Cuelgamuros Antonio Arrizabalaga Ugarte. Una petición a la que se sumarán otras familias como la de los hermanos Lapeña, fusilados en Calatayud en la Guerra Civil y exhumados en Cuelgamuros, cuya familia logró en 2016 la primera sentencia para que sus restos vuelvan a su tierra.

Jaca esgrime en la carta que su solicitud de entrega de los restos de su familiar viene amparada por la resolución de Patrimonio Nacional de 21 de noviembre de 2020, al igual que el que asiste a la familia Lapeña amparada en un auto del juez de San Lorenzo de El Escorial de 2016. «Soy consciente de que me asisten unos derechos que no se están haciendo efectivos por actuaciones de muy dudosa legalidad, pues en estos momentos no existe disposición judicial que impida la concesión de licencia y entiendo que concurren las mismas condiciones y circunstancias que había en el momento que se concedió», recoge el escrito.

Además, la Asociación ProExhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, de la que forma parte la familia Jaca, acudirá en amparo a la Defensora del Pueblo europea, Emily O’Really, y al Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, para que se reconozca el derecho a las exhumaciones, reconocido por Patrimonio Nacional hace dos años, informa Efe.

Por su parte, Pablo Linares asegura que «hay familias que no está acreditado en toda su extensión que sus restos se encuentren allí, pero otras que sí han dicho por activa y por pasiva que no quieren que se toque a los suyos. Y que actuarán judicialmente en cuanto entre una piqueta en un osario».

«Partiendo del respeto absoluto, se podría incurrir en un daño irreparable en aquellos que han manifestado su negativa», afirma el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que representa a 258 familias.

Mientras, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia denunciar por presunta prevaricación administrativa a la alcaldesa, según informó el colectivo en un comunicado. La ARMH considera que con el argumento de que una decisión judicial es recurrible, «el poder ejecutivo de un municipio no puede interponerse e impedir el derecho de esas familias».

«Cuando la alcaldía de San Lorenzo del Escorial ha tomado esa decisión hace desacato a una resolución vigente, por mucho que sea recurrible, atenta contra los derechos de las familias y contra la resolución de un juzgado local que hace años sentenció que los familiares pueden sacar de allí los restos de sus seres queridos», señalan.

El colectivo sostiene que a una decisión que podría ser prevaricadora se suma «la falta de humanidad y el desprecio por el dolor y la lamentable situación que están viviendo las familias que reclaman sus derechos a las que les fueron secuestrados los cuerpos de sus antepasados por parte de la dictadura franquista».

«La decisión de la alcaldesa impide y cortocircuita una decisión judicial y se pone de manera arbitraria de parte de quienes quieren impedir el derecho de las familias», explica Bonifacio Sánchez, portavoz de la ARMH.