El TSJM levanta la suspensión de las obras en las criptas del Valle de los Caídos

La Justicia da la razón a Patrimonio Nacional, pero habrá recurso ante el Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado levantar la medida cautelar que impedía las exhumaciones de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura enterradas en el Valle de los Caídos al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría «una transformación urbanística irreversible de las criptas».

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que los magistrados estiman el recurso de apelación interpuesto por la Abogada del Estado en representación de Patrimonio Nacional, contra el auto de 16 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid.

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentaron sendos recursos –casi a la vez, con argumentos diferentes pero tendentes al mismo fin– solicitando la suspensión de las obras alegando el «derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas». Asimismo, consideraban que las obras de rehabilitación de accesos a las criptas «hacen inevitable que se deban retirar los restos humanos», en «perjuicio de quienes teniendo acreditada la presencia de sus antepasados quieren que descansen allí en paz», como declaró a este diario Pablo Linares, presidente de la ADVC, «máxime cuando ya han manifestado por escrito al Gobierno su negativa de permiso» para que «sean trasladados, exhumados, removidos y sometidos a pruebas de identificación forense de cualquier tipo».

El fallo del TSJM no es firme y ante él cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que piensa ejecutar la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica en cuanto se le notifique el auto de su propio procedimiento –«si es que es similar o equivalente», en cuyo caso interpondrá el suyo «en el plazo estipulado de 30 días»– y la ADVC, que va a presentar «diferentes recursos en defensa de sus representados» y advierte además de que «vayan con cuidado por si les viene mal dado y tienen que arrepentirse de haber tocado nada».

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo revoca ahora la resolución que detuvo los trabajos y acuerda denegar la medida interesada de suspensión de la ejecutividad del Acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

Dicho acuerdo concedía a Patrimonio Nacional licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Los magistrados concluyen que «no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la licencia urbanística concedida», indicando que ello debe llevar «a estimar el recurso de apelación interpuesto por Patrimonio Nacional y, con revocación del auto apelado, denegar la medida cautelar solicitada».

La Sección subraya que «no se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que excedan de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que son las permitidas en la ficha del Catálogo. La apertura de huecos sería restituible al estado anterior sin excesiva dificultad».

«Es por ello por lo que no apreciamos que con la concesión de la licencia se produzcan situaciones irreversibles en el elemento protegido que ponga en peligro el efecto útil de la sentencia que pudiera recaer», recalcan los magistrados.

La Sala menciona que el recurrente alega en la instancia que el Estado solicitante de la licencia de obras no tiene disponibilidad sobre el bien inmueble que es de propiedad de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Al respecto, replica que dicha alegación «no puede sustentar la medida cautelar interesada ya que es sabido que las licencias urbanísticas se otorgan a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero». Además, recuerda que en el presente caso concurre la circunstancia que la Fundación depende de Patrimonio Nacional.

En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

La suspensión se produjo al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó en abril de 2021 al Ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.

“Buscan su hundimiento y desaparición”

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica considera su “obligación hacer una valoración de la resolución judicial y manifestar que adolece de un error fáctico irracional e ilógico, como es definir o considerar una obra en la que se van a hacer huecos (serán más bien boquetes) en las paredes y en los forjados de la construcción como acciones que no exceden de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que permite la ficha del Catálogo del Valle de los Caídos. Entendemos que la provisionalidad de dichos huecos y la facilidad en su vuelta al estado original no entran en lo que estaría permitido hacer” en Cuelgamuros, “que es exclusivamente obras de mantenimiento, consolidación o recuperación, circunstancias que por otra parte no se están haciendo en la actualidad, con lo que el deterioro del Valle de los Caídos es creciente y provocado por las autoridades responsables, que lo único que buscan es su hundimiento y desaparición”.
“Es evidente”, continúa, “que la normativa de protección del Valle de los Caídos quedaría afectada de consolidarse dicha jurisprudencia del TSJ de medidas cautelares aplicables porque facilitaría “otro tipo” de actuaciones provisionales que, sin transformar irreversiblemente cualquier elemento arquitectónico de la mencionada obra monumental, podrían llevarse a cabo en su seno sin respetar las limitaciones urbanísticas que claramente estable la preceptiva ficha, y esto sería muy peligroso”.