El juez propone pedir el suplicatorio al Congreso al ver indicios contra Casero

El instructor de la causa contra Alberto Casero, el magistrado Andrés Palomo, propone a la Sala Segunda solicitar al Congreso el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al apreciar indicios de prevaricación y malversación en la adjudicación de seis contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) entre 2017 y 2018.

A juicio del instructor, en las actuaciones remitidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) se aprecian indicios racionales de criminalidad contra el parlamentario. Según expone, en su condición de alcalde de Trujillo, en marzo de 2017 y diciembre de 2018 concertó con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”.

Según el magistrado, “los diversos episodios de la conducta relatada, resultante de los referidos indicios fundados, no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación”.

Prevaricación y malversación

“Consecuentemente –añade el instructor- también los hechos que se han considerado indiciariamente acreditados pueden ser constitutivos de un delito de malversación (…) pues igualmente revelan, el haberse excedido en sus facultades de administración del patrimonio del Ayuntamiento causando un verdadero perjuicio al mismo, cuya cuantía, en este momento indiciario, superaría los 50.000 euros, en relación a aquellos pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados”.

Asimismo, el magistrado ha dictado un auto en el que rechaza el archivo de la causa solicitado por el diputado del PP al considerar que resulta necesaria la investigación efectiva de conductas susceptibles de integrarse en delitos de prevaricación y malversación.

Según exponía la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Trujillo en su exposición razonada (donde exponía los indicios contra Casero para que el Supremo valorase si abría diligencias, como ahora ha hecho), esos contratos se habrían adjudicado obviando los procedimientos administrativos legalmente establecidos, por lo que apreciaba “indicios sólidos” de que el ahora aforado habría incurrido en un delito continuado de prevaricación, al que la Fiscalía añade una posible malversación.

En esa exposición razonada se responsabiliza al diputado del PP de haber comprometido el pago de diversas cantidades “sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios”.