La guerra fiscal

Lizz Truss quiso gobernar de acuerdo con sus compromisos electorales. Pero ignorar un déficit de 7% del PIB e intentar convencer a los poderes económicos de que controlaría la deuda pública bajando los impuestos era tarea imposible.

Además, la declaración del Banco de Inglaterra afirmando que la inflación no se iba a disparar aunque tuviese que fabricar libras para financiar la deuda, fue el remate final para la credibilidad de la Administración Trust.

No es el único país que da miedo a los inversores, si Meloni cumple sus promesas fiscales, es más de lo mismo. Parece que está de moda usar las promesas de bajadas de impuestos y aumento de gasto como principal herramienta en campaña electoral, incluso en Alemania, aunque de manera más tibia, se apuntan maneras.

En España, la guerra fiscal la inició el Partido Popular a través de sus comunidades autónomas ensayando lo que podría ser una primera acción si Feijóo llega a la Moncloa.

No tardó en coger el mismo tren el PSOE, primero en Valencia, después anuncios desde algunos gobiernos socialistas y, como no, el gobierno central con su propuesta de Presupuestos Generales con aumento del gasto.

Los impuestos a las rentas altas son más un deseo que un hecho probable, por lo que las cuentas que ha presentado el Gobierno, proyectan importantes riesgos sobre la economía.

Todas las revisiones de crecimiento económico van a la baja, el propio Banco de España ha situado el crecimiento a mediados de 2023 en el 1,5%. Si la actividad economía no crece según los cálculos del gobierno, podrán resentirse el empleo y la inflación, que se sumarán a las subidas de tipos de interés que marque Lagarde.

Pero Sánchez ha conseguido bloquear al PP. Decir que son presupuestos antisociales y, al mismo tiempo, plantear la reducción del poder adquisitivo de un sector de los jubilados, es difícil de explicar porque tiene un aire de contradicción.

España es muy sensible a lo que ocurra con las pensiones y Feijóo se equivoca derivando el debate hacia los jubilados. El problema no es mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, lo que supone un esfuerzo presupuestario, la cuestión reside en la práctica del dumping fiscal que han iniciado los dos grandes partidos.

Una sociedad más segura y solidaria no es la que elimina impuestos, sino la que es capaz de asegurar las prestaciones básicas del Estado de Bienestar