La Fiscalía General del Estado ha pospuesto el debate sobre el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco porque no posee la documentación necesaria para analizar la prescripción de los delitos que el juez de la Audiencia Nacional pretende imputar a la cúpula de ETA. El asunto va a ser estudiado por los fiscales de mayor rango de la carrera para unificar criterio ante las discrepancias surgidas el pasado mes de julio. Pero el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los ha convocado a la primera junta de fiscales de Sala este viernes 28 de octubre sin incluir en el orden del día el tema del vencimiento de los delitos de los etarras porque, según fuentes del Ministerio Público, están a la espera de una serie de documentos que han reclamado a Francia.

García Ortiz se estrena así esta semana en una doble cita. Primero, viajará a Galicia porque entre el lunes y el miércoles se celebra una reunión de todos los fiscales superiores en el Pazo de Mariñán. A finales de semana, ya en Madrid, ha convocado en la sede de la Fiscalía central el primer cónclave de los más de treinta fiscales de Sala. En su toma de posesión, el fiscal general adelantó que su intención era realizar más este tipo de encuentros porque lo creía beneficioso para el Ministerio fiscal. Unos cambios en la agenda que ya de base suponen una diferencia con respecto a su predecesora Dolores Delgado que en sus más de dos años de mandato celebró una sola junta con sus colegas.

García Ortiz pretende hacerlo de forma más recurrente, según ha manifestado él mismo, y más allá de esta semana tendrá que marcar una nueva fecha en el calendario porque lo que es seguro es que el tema que preocupa a las víctimas del terrorismo se queda fuera de momento. La Secretaría Técnica de la Fiscalía está reuniendo toda la jurisprudencia y el material del caso que, luego, la cúpula de la carrera tendrá que estudiar para posicionarse en la causa del concejal de Ermua que fue asesinado por la banda terrorista. Las distintas tesis sobre la prescripción enfrentaron a los responsables del Ministerio Público en la Audiencia Nacional durante el verano.

Todo sucedió al borde de la declaración de los dirigentes de ETA Miguel Albisu Iriarte (alias «Mikel Antza») y María Soledad Iparraguirre (alias «Anboto»), el pasado 20 de julio. El fiscal que estaba a cargo del caso, Vicente González Mota, no acudió al interrogatorio después de tener diferencias internas con su jefe sobre si estarían prescritos los hechos por los que el juez Manuel García Castellón reabrió la causa en marzo. González Mota era partidario de seguir adelante porque, para él, el plazo de los 20 años para que no se pueda perseguir el secuestro y el asesinato de Blanco no empezó a contar hasta el momento del arresto de los jefes etarras que dieron la orden. Es decir, el contador lo pone en la detención de los miembros de ETA («Mikel Antza» y «Anboto» fueron detenidos en 2004, por lo que hasta 2024 no se cumplirían dos décadas) y no en el momento del crimen en 1997. Básicamente porque se trata de un delito continuado: el comité de dirección de la banda siguió con su actividad delictiva todos los años que estuvieron en la jefatura supervisando atentados. Así conecta tanto el asesinato de Miguel Ángel Blanco con todos los posteriores en los que ellos fueron miembros de la «Zuba» y que no están prescritos, sino que distintos juzgados de la Audiencia Nacional están volviendo a revisarlos.

Una estructura jurídica distinta a la armada por la asociación querellante, Dignidad y Justicia (DyJ), que alega en base al Código Penal y al Convenio Europeo sobre la imprescriptibilidad de 1974, no es posible que estos delitos terroristas prescriban nunca. Cabe recordar que varias querellas presentadas por DyJ (entre las que está la del concejal de Ermua) han reiniciado investigaciones, incluso de crímenes con sentencia firme, para perseguir a la cúpula de la banda terrorista que en su momento no fue sentenciada. Entiende la asociación bajo la dirección letrada de Miguel Ángel Rodríguez que por medio de encajes legales que no se han utilizado antes como la autoría mediata y la comisión por omisión se puede condenar a los jefes que, según sostienen, fueron igual de responsables que los que apretaron el detonador o el gatillo porque daban la orden y tenían la posibilidad de parar los atentados.

Así se han reabierto sumarios como el del coche bomba en Santa Pola en 2002 sobre los que la prescripción no están juego (fue justo antes de que se cumplieran los 20 años), si bien otros como este tienen más aristas. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, señaló entonces que había consultado con la Secretaría Técnica y que siguiendo la línea del cómputo tradicional, la de los 20 años, el asunto estaba prescrito. Al no estar de acuerdo, González Mota se apartó y desde entonces el tema de Miguel Ángel Blanco lo llevan entre el que fuera Teniente de la Fiscalía Miguel Ángel Carballo y el fiscal Pedro Rubira, que fue quien asistió finalmente a las declaraciones de «Antza» y «Anboto».

El siguiente en declarar será este viernes, José Javier Arizcuren Ruiz (alias «Kantauri»), que fue entregado por Francia por unos delitos distintos a esta causa, así que lo previsible es que se acoja a su derecho a no declarar. La Fiscalía tendrá que estar presente en el interrogatorio y aunque la duda sobre su posicionamiento preocupa a las víctimas, en los escritos que forman parte de la causa el fiscal Carballo solo ha señalado que no es el momento procesal de pronunciarse sobre ello. Será después de la unificación de criterios de todos los fiscales cuando se decida si para el Ministerio Público los hechos están prescritos al haber pasado 20 años, si como sostenía González Mota se puede hacer un cómputo desde la detención o si como señala DyJ el caso es imprescriptible.