Tiempo de rematar

Menuda semana de algarabía parlamentaria. Una ministra que acusa a la oposición de fomentar las violaciones; unos filoetarras (o sea, partidarios de los etarras) que se ofenden porque se les llama eso mismo; la ministra de antes, acosada por la evidencia de que se están bajando las penas a los agresores sexuales gracias a ella; otro ministro que se niega a ver los cadáveres de emigrantes que los vídeos muestran palmariamente en nuestro territorio… cabría pensar que el Gobierno está descontrolado y, sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Lo más difícil está hecho. La ley de Presupuestos se ha conseguido, Pedro Sánchez se ha garantizado el año de gobierno hasta las generales y, después de Navidad, empezará extraoficialmente la campaña electoral para las municipales y autonómicas. A cambio, es verdad, ha pagado gravísimos precios, pero eso sólo sería un problema si el presidente tuviese conciencia. Con toda naturalidad ha otorgado ventajas sin precedentes para los presos etarras; ha negociado la salida de la Guardia Civil de Navarra y la eliminación del delito de sedición del código penal. Queda por ver si se concederá ventajas a los delincuentes por malversación. La copa de la ignominia está colmada y el fútbol se ocupa de que la gente esté distraída.

De aquí a fin de año toca acelerar las leyes atascadas por disensiones con Podemos y con los socios independentistas, de manera que el resto del curso pueda dedicarse al autobombo y a regar el territorio con dinero de los fondos europeos que preparen la cosecha de votos. Las normas más conflictivas son la ley trans, la de bienestar animal, la de vivienda y la llamada «ley mordaza». Cada una lleva su camino de espinas. La ley trans plantea una lucha con Podemos por la llamada autodeterminación de género. Los del PSOE hubiesen querido que, entre los 12 y los 16 años, fuese necesaria la autorización del juez para cambiar de sexo, pero ya han transparentado que cederán a las exigencia de los morados a cambio de algún retoque cosmético sobre la reversibilidad del proceso o la llamada violencia intragénero. La Ley de vivienda está encallada en tres extremos, todos defendidos a una por Podemos, ERC y Bildu. Primero, el empeño en fijar topes máximos a los alquileres; segundo, la definición de «grandes tenedores» (que en principio quiere referirse a quienes tengan más de diez inmuebles) y, tercero, el alquiler social obligatorio.

En lo que se refiere a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, los más exigentes son Bildu y ERC, que no se dan por satisfechos con el acuerdo genérico alcanzado para obligar a las fuerzas de seguridad a «utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas, evitando los que causen lesiones irreparables». Finalmente, en la Ley de Bienestar Animal, iniciativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, los socialistas registraron una enmienda para excluir a los perros de caza y a los animales de pastoreo, tareas de rescate, deportes o seguridad. Los morados exigieron la retirada.

También queda la duda sobre la propia «Ley del solo sí es sí», mal hecha, como el propio Felipe González ha reconocido. El ministerio de Igualdad de Irene Montero se niega a retocarla, pero el clamor social es altísimo y el coste electoral, obvio. El Gobierno ha pisado el acelerador, ni el puente va a detener las negociaciones y procedimientos para la aprobación de todas estas medidas. Pedro Sánchez sabe que, en febrero, ya con la cita del 28 de mayo cerca, los acuerdos serán mucho más difíciles. El fútbol ha ayudado a rebajar la tensión, pero es el tiempo de rematar la faena.