El PP pide a la Mesa del Congreso que frene la reforma del Código Penal que beneficia a los separatistas

El PP busca cómo poner freno a la proposición de ley que busca reformar el Código Penal que ha impulsado el PSOE para suprimir la sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los independentistas condenados por el 1-O. O, como mínimo, busca armarse jurídicamente para poder presentar próximamente recursos o las medidas que estime oportunas. Los populares han presentado un escrito a la Mesa del Congreso en el que solicitan informes jurídicos relativos a esta reforma legislativa; el abandono de la tramitación urgente; y, un requerimiento a la Mesa de la Comisión de Justicia para que rechace tramitar “enmiendas claramente inconstitucionales”, en relación a los cambios de mayorías para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.

Así las cosas, lo primero que reclaman los populares es que toda la proposición legislativa se replantee y pase por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado para que elaboren los oportunos informes. El PSOE y Podemos han evitado impulsar esta reforma legal a través de un proyecto de ley para evitar, precisamente, los informes de esos tres órganos consultivos que, muy probablemente, habrían hecho más de un reproche técnico a la ley. Para evitarlo, ambos partidos han impulsado una proposición de ley, que no requiere de ese trámite (un trámite que tampoco es vinculante, pero sí que sirve para dar a conocer a la opinión pública qué consecuencias pueden tener los cambios legislativos, como ocurrió con la ley del “solo sí es sí”).

Lo segundo que reclaman es que se acabe con la tramitación urgente de este texto legal y se legisle según los plazos “ordinarios”. Los populares consideran que la reforma de unos delitos “esenciales para la salvaguardia” del ordenamiento jurídico, como la sedición o la malversación, requiere de un “debate adecuado” y de la comparecencia de expertos para que se pueda valorar la reforma legal con “plena información”. Lo cierto es que ha sido tanta la rapidez de la tramitación de esta ley que, en poco más de cuatro semanas, va a salir aprobada del Congreso (todo apunta a que este jueves tendrá lugar la votación final).

Finalmente, lo tercero que exigen es que la Mesa de la Comisión de Justicia, que tiene la potestad para tumbar las enmiendas que sean inconstitucionales, lo haga y descarte la enmienda 61 y 62, relacionadas con el cambio de mayorías para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En este sentido, los populares advierten de que no existe “conexión de homogeneidad” entre la reforma de delitos del Código Penal y una reforma de la elección de los miembros del TC, que es lo que se pretende hacer con las enmiendas introducidas en esta proposición de ley. Es decir, en la misma ley que suprime el delito de sedición, se han introducido enmiendas para rebajar las penas de malversación e introducir cambios en el sistema de elección del CGPJ sobre los dos miembros del TC, que reemplaza la mayoría de tres quintos por una mayoría simple.