Tragedia en la Valla de Melilla: la Fiscalía no ve delito en la intervención policial y archiva la investigación

La Fiscalía ha archivado la investigación que abrió hace seis meses tras los graves altercados que se produjeron en la Valla de Melilla el pasado 24 de junio, en los que al menos 23 migrantes resultaron muertos, al no apreciar indicios de delito en la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así lo ha acordado la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, quien ha plasmado esa decisión de dar carpetazo a la instrucción en un decreto de archivo de las diligencias. Del total de las diligencias de investigación practicadas, concluye, “no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente”.

La Fiscalía considera que “ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio”. E incluso de haberlo sabido, añade, “no podrían habérselo prestado sin riesgo propio”.

“Ataque violento, masivo e incontrolado”

El Ministerio Público constata, además, que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles. Una actitud hostil que se puso de manifiesto, recalca, en que iban “provistos de palos, piedras y otros objetos contundentes que lanzaban contra estos cada vez que intentaban acercarse”, algo que confirmaron a la fiscal de Extranjería los pilotos del helicóptero que sobrevoló la zona, que declararon que tuvieron que replegarse en varias ocasiones ante la actitud agresiva de los migrantes″.

La fiscal pone de manifiesto “la gran virulencia en la acción protagonizada por los migrantes desde los primeros momentos”, que se tradujo en “una agresividad desmedida e inusitada contra las fuerzas del orden”, circunstancia que -deja claro- “se percibe en las grabaciones”.

De hecho, reseña, ″como consecuencia de la violencia ejercida por los migrantes”, 55 agentes tuvieron que recibir asistencia médica por diferentes lesiones, todas menos una de carácter leve.

En cuanto a los rechazos en frontera, el decreto señala que se produjeron 470 aunque, según la Fiscalía, los guardias civiles que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.

En la resolución, la fiscal da traslado al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil de la actuación de “varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria”. Pero salvo ese comportamiento aislado, recalca, los componentes del operativo “mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo”, dado “el ataque masivo a una frontera española por un grupo de entre 700 y 800 personas, incontrolado, agresivo y armado con elementos contundentes”. De hecho, concluye que “no existen elementos que permitan afirmar que las lesiones de algunos de los migrantes fueran producto de la actuación policial española”.

Migrantes “aplastados y pisoteados”

En el dispositivo, según puso de manifiesto a la Fiscalía el teniente coronel de la Guardia Civil responsable de ese despliegue, participaron inicialmente 63 agentes, que aumentaron posteriormente a 121, de los que 24 pertenecían a la Policía Nacional.

Para la Fiscalía no hay constancia de que el empleo de botes de humo lanzados por los agentes españoles “produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas, toda vez que se trataba de un patio totalmente abierto en su parte superior y rodeado por vallas metálicas, por lo que la entrada y salida de aire y otros gases era completamente fluida”.

En su relato de los hechos, asegura que “la impaciencia y desesperación” de los numerosos migrantes congregados en el patio marroquí por entrar en España, “sumado al hecho de que las fuerzas de seguridad marroquíes estaban comenzado a entrar por la parte posterior del recinto”, provocó una “enorme presión en la zona de las puertas recién fracturadas, produciéndose una avalancha de cientos de personas que intentaban traspasarlas a la vez, quedando amontonados y atrapados un número indeterminado de migrantes que fueron aplastados y pisoteados por otros que consiguieron pasar, saltando sobre los cuerpos apilados en las puertas”.

La avalancha no se pudo evitar

“En el momento de producirse el terrible suceso ningún agente español de los que formaban el operativo en tierra pudo ver cómo se desarrollaron los hechos”, asegura tras analizar las imágenes grabadas por el helicóptero. Por lo que, añade, “difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió”. En todo caso, precisa el Ministerio Público, aunque los agentes hubieran procedido en ese momento a la apertura total de las puertas fronterizas, “la avalancha y el embudo posterior se hubieran producido igualmente, dado el volumen y virulencia del grupo, así como por la propia infraestructura del puesto fronterizo”.

La Fiscalía avala la actuación policial en el intento de contener la avalancha de migrantes. Mientras un miembro de la Guardia Civil realizaba funciones de “mediador” -asegura-, “para evitar la entrada violenta y masiva de los migrantes” y sus “continuos acometimientos” los agentes “utilizaron sus defensas en diferentes momentos, empleando además otros elementos antidisturbios y de control de masas, todos ellos homologados”.

A pesar de la actuación policial, continúa ese relato de hechos, finalmente 134 migrantes -todos menos uno mayores de edad- lograron acceder a territorio español, siendo todos ellos dirigidos al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla. La mayoría eran de Sudán del Norte (115), mientras que el resto procedían de Chad (12), Sudan del Sur (4), Eritrea (2) y Níger (1).

Facilidades con el visado

En el decreto, la fiscal recuerda a los ministerios implicados su “obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo” en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, para asegurar que los que “intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.

La fiscal de Extranjería recuerda que la mayoría de los migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedores de protección internacional. “Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas deun sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto”, asegura.

A lo largo de estos seis meses de investigación -las diligencias se incoaron el pasado 28 de junio- la Fiscalía ha tomado declaración tanto a migrantes como a una veintena de agentes y analizó diversos informes, material videográfico y audios correspondientes a los trágicos sucesos del 24 de junio.

Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas -recalca- son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Por tanto, precisa, “son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios” (cuerpos de los fallecidos, testigos, migrantes heridos, etc).