La reforma de la Ley seguridad ciudadana encalla: los socios rebajan el optimismo del Gobierno

Los trabajos para reformar la ley de Seguridad Ciudadana (bautizada como “ley mordaza” por sus detractores) siguen adelante: este jueves se ha reunido nuevamente la ponencia y se ha saldado con acuerdos. Si bien, según quién lo mire cree que la aprobación final está más cerca o mucho más lejos: Podemos considera que el texto legal está ya acordado al 97%, mientras que en ERC rebajan ese extremo y consideran que está al 70%, aún.

Lo cierto es que quedan varios puntos que generan desacuerdo entre los partidos negociadores y todo indica que son los más complicados. En concreto, esos puntos son la prohibición del uso de pelotas de goma (sería introducido un apartado 4 al artículo 23 o a través de una disposición adicional); el rechazo en frontera (devoluciones en caliente); las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4); la presunción de veracidad de los agentes policiales (artículo 52); la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones (artículo 36.6); y, la responsabilidad por los incidentes que puedan producirse en una manifestación, que recaerían en los organizadores (artículo 30.3).

Este jueves, entre los puntos más destacados que se han acordado, según ha explicado el diputado del grupo parlamentario de Podemos, Enrique Santiago, están la “formación en técnicas de mediación” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la resolución de conflictos; una disposición sobre transparencia para que el Ministerio del Interior rinda cuentas periódicamente de las actuaciones policiales; se ha “apuntalado” el derecho de manifestación al impedir que se sancionen manifestaciones que no se comuniquen por su convocatoria urgente; o, la cuantía económica de las multas (para las infracciones leves, irán de los 100 a los 500 euros; las graves, de los 501 a los 25.000 euros; y, las muy graves, de los 25.001 a los 600.000 euros).

Enrique Santiago es mucho más optimista y cree que los grupos “son muy razonables” y eso permitirá alcanzar un acuerdo entre las distintas formaciones. Según ha precisado, la semana que viene está previsto una nueva reunión de la ponencia con el objetivo de que pronto pase ya a comisión y, luego a pleno, para ser aprobada definitivamente. En cambio, desde Esquerra advierten de que los puntos que quedan por incorporar al texto legal son, a juicio del partido republicano, muy relevantes porque representan el 80% de las multas sobre seguridad ciudadana, y se remiten a un informe de Amnistía Internacional (el balance de 2021 arrojó 52.154 sanciones por los artículos 36.6 y 37.4). Jon Iñarritu (Bildu), en la misma línea, ha advertido de que pasan las semanas y no se abordan las cuestiones que, a su juicio, son relevantes (”más lesivas”, ha dicho).

En cualquier caso, entre los socios del Gobierno hay una sensación generalizada de que el PSOE está arrastrando los pies con esta ley y no está dando señales reales de que quiera aprobarla. El PSOE es el partido clave para que la ley prospere porque Podemos, ERC y Bildu suelen estar bastante alineadas en la mayoría de puntos, aunque los morados juegan un rol de bisagra para tratar de acercar posturas entre los socios y el PSOE. Sin embargo, los socialistas, que ya han cedido en algunos puntos sensibles (como suprimir las sanciones por grabar a los policías) y han desatado un gran cabreo entre los cuerpos policiales, quiere evitar ir más allá y acentuar ese malestar. Los colectivos policiales han salido a la calle en varias ocasiones para protestar contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana porque critican que el Gobierno no les haya consultado los cambios y les desproteja, dejando en riesgo su integridad física.