Un exmilitar bosnio, un crimen de guerra y un prisionero auxiliado por un batallón español

El 15 de septiembre del pasado año, un paciente ingresado en la clínica Platón de Barcelona vio sobresaltada su anodina estancia hospitalaria. Era Ado Alagic, un exmilitar bosnio reclamado desde hacía tres años y medio por un tribunal de Mostar (Bosnia-Herzegovina) por un delito de crimen de guerra en 1993, durante el conflicto bosnio-croata en la Antigua Yugoslavia. Tras más de un año en nuestro país con identidad falsa, Alagic fue detenido y enviado a prisión por orden judicial al día siguiente y ahí sigue, a la espera de que España se pronuncie sobre su extradición tras haberse opuesto a la misma el pasado diciembre.

Ahora, la Audiencia Nacional celebrará el próximo martes una vista para valorar su posible entrega, a la que se opone la Fiscalía, que pide su puesta en libertad, al considerar que los hechos ya han prescrito al haber transcurrido más de veinte años.

Según la orden internacional de detención expedida por el tribunal bosnio, durante la guerra entre el Consejo de Defensa de Croacia y el Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, Alagic estaba integrado en la Brigada “Knez Domagoj”, ejerciendo funciones de guardián en el campo de concentración de Babela, situado en la localidad de Capljina, junto a la frontera con Croacia.

Fuga a través de un campo minado

El tribunal de Mostar sostiene que en octubre de 1993 Alagic intentó matar a uno de los civiles de nacionalidad bosnia recluidos en ese campo de prisioneros. Según el relato de la orden de detención, el exmilitar “lo sacó del hangar donde estaba recluido con otros civiles de nacionalidad bosnia, llevándolo a otro hangar donde, junto a otros dos individuos, le ordenaron que se desnudara buscando dinero entre su ropa y golpeándole en la cabeza con el mango de una pistola”.

Alagic habría propinado un puñetazo en la mandíbula a la víctima, “rompiéndole varios dientes” y haciéndole caer al suelo, donde junto a sus otros dos acompañantes “le dieron patadas en los brazos, costillas, espalda y piernas durante varios minutos, golpeándole en la cabeza y cara con una barra de plástico de unos diez a 80 centímetros de largo”.

A consecuencia de los golpes, la víctima no podía siquiera levantarse, por lo que fue arrastrado a un bosque situado a unos 40 metros de distancia “con el fin de deshacerse de él rápidamente”. Alagic cogió un trozo de madera y, mientras otro de los militares iba a buscar una cuerda, “le amenazó” diciéndole que “se acabó”.

Sin embargo, no pudieron matarlo porque el herido le empujó y logró escapar a través de un campo minado. Llegando a la cerca de alambre del campo de concentración y deslizándose por debajo consiguió esconderse en el bosque y huir, alcanzando finalmente la sede del batallón español de Unprofor (la misión de la ONU en la Antigua Yugoslavia) en Medjugorje.

Pidió ayuda al batallón español en Medjugorje

El fugado llegó a la misión del batallón español en estado de salud “sumamente grave”, y cayó inconsciente “debido a los golpes y malos tratos sufridos, presentando secuelas en la actualidad a consecuencia de los mismos”.

El exmilitar bosnio fue citado a declarar el 23 de noviembre de 2017, pero no compareció alegando motivos médicos. Finalmente, el tribunal de Mostar ordenó su detención el 14 de febrero de 2019, acusado de un delito de crimen de guerra contra la población civil.

Según la legislación española vigente, los hechos constituirían un homicidio en grado de tentativa y un delito contra las personas protegidas en caso de conflicto armado.

La Fiscalía pide su libertad

En el escrito en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a su extradición, el Ministerio Público argumenta que aunque se cumple el requisito de la doble incriminación (que los hechos sean constitutivos de delito en los dos países), el delito contra las personas protegidas en caso de guerra “no estaba en vigor” cuando se cometieron los hechos (no fue hasta noviembre de 1995 cuando se incorporó a nuestro ordenamiento), por lo que no procede la entrega por el mismo.

En todo caso, y aunque constata que la reclamación “no tiene motivación política” y que en España no se han juzgado estos hechos, la Fiscalía defiende que tampoco es posible la extradición por homicidio frustrado porque han transcurrido ya más de veinte años desde que se produjeron los hechos que se imputan al exmilitar bosnio.

De ahí que solicite a la Audiencia Nacional su puesta en libertad “con la obligación de comparecer ante el tribunal cuando sea llamado” a la espera de que se resuelva la petición de extradición.