La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid en el "caso Begoña Gómez", insiste en que se archive la investigación contra Francisco Martín Aguirre por malversación de caudales públicos al haber sido, formalmente, el superior jerárquico de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

Su representación pide en una nuevo recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que se deje fuera de la ecuación a Martín Aguirre a la espera de que el juez Juan Carlos Peinado aclare (en próximo días) si le envía a juicio por tribunal de jurado, junto a la mujer del presidente y la alto cargo.

En primer lugar, la Abogacía insiste en que desde el principio se le empezó a investigar a partir de un "supuesto erróneo". Concretamente, que el hubiese tenido responsabilidad en el nombramiento de Álvarez –como aseguraba la querella de Vox admitida a trámite–, pese a que el no ocupaba aún en el verano de 2018 en que ella fue contratada la Secretaría General de Presidencia de la que sobre el papel depende Álvarez.

Recuerda, en este sentido, que las dos personas de Moncloa que intervinieron en que se la nombras directora de Programas de Presidencia fue el que era entonces vicesecretario general, Alfredo González, y Antonio José Hidalgo López, que siendo subsecretario de la Presidencia resolvió la contratación.

Por ello, la Abogacía defiende ante los magistrados madrileños que hay una "ausencia de indicios de participación" de Martín Aguirre y su "imputación carece de fundamento fáctico y jurídico", dada, además, la "inexistencia de delitos en los hechos indagados". Que no son otros que las gestiones que realizó la asesora del Ejecutivo de la actividad privada de Gómez como directora de la cátedra extraordinaria de la UCM.

Por otro lado, como adelantó LA RAZÓN, la Abogacía lleva ante la instancia superior al juez Peinado "la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sobre estos mismo hechos", cuando rechazó investigar por malversación al actual ministro Félix Bolaños porque fue el primer secretario general de la Presidencia que tuvo a sus órdenes a Álvarez, según el organigrama gubernamental.

Pretende que la Audiencia de Madrid tenga en cuenta que para el alto tribunal no advirtió indicios de responsabilidad penal en que este fuese su superior en Presidencia desde que llegó en julio de 2018 y hasta el verano 2021 en que le sustituyó Martín Aguirre. Por tanto, estima su defensa que la situación de su cliente debe ser la misma y tienen que sobreseerse las actuaciones en su contra. ¡

"Ese déficit probatorio es exactamente el mismo que afecta a la imputación de Martín Aguirre. Ni en la querellan en las diligencias practicadas se ha aportado elemento alguno que vincule personalmente al recurrente con una eventual desviación de caudales o irregularidad en las funciones de María Cristina Álvarez", apunta en su recurso de apelación.