Los cuatro testimonios clave para procesar a García Ortiz según el juez

En la decisión del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado no solo ha pesado la cadena de mensajes del móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también procesada -de hecho, el instructor reduce su relevancia al asegurar que se trata de un argumento más en su contra-, sino sobre todo cuatro declaraciones que el propio Hurtado considera "de tal potencia" que desbaratan los argumentos expuestos por el fiscal general para instar el archivo del procedimiento.

Y es que el magistrado deja claro en la resolución en la que acuerda la medida -que sitúa a García Ortiz a un paso del banquillo- que desde que el pasado 13 de enero citase a declarar como imputado al fiscal general -a la vista de los indicios que, según puso entonces de relieve, le señalaban como el origen de la filtración de los datos reservados sobre la investigación por fraude fiscal al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- se practicaron varias diligencias que refuerzan los indicios contra él.

Entre esas actuaciones, el instructor destaca las declaraciones de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid; de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual "número dos" del PSOE en Madrid; del propio Alberto González Amador; y de su abogado en la causa por supuesto fraude tributario, Carlos Neira.

Hurtado no tiene reparos en señalar que considera esos testimonios "de tal potencia que, frente a ellos", los alegados por García Ortiz y Pilar Rodríguez o bien "quedan descartados por exclusión", o bien porque su interpretación de los mismos "no convence".

En cuanto a Lastra, el instructor considera relevante que afirmara "haberle dicho al fiscal general que no era necesario que la nota de desmentido" (publicada por la Fiscalía el 14 de marzo para hacer frente al "bulo" del ofrecimiento por parte de la Fiscalía de un pacto a González Amador) "incluyera los diversos emails intercambiados entre el fiscal y el abogado de González Amador", y que "se negó a asumir el contenido de dicha nota al incluir los datos de las comunicaciones internas entre el fiscal y el abogado".

El juez ve asimismo "reseñable" la pregunta que por teléfono hizo Lastra al fiscal general tras la divulgación de los datos reservados del novio de Ayuso: "¿Has filtrado la nota?", y sobre todo "la respuesta evasiva" que le dio García Ortiz, "que en lugar de negarlo", le contestó "eso ahora no importa".

García Ortiz llevó "la iniciativa"

Lastra, recuerda el magistrado del Tribunal Supremo, recibió varias llamadas del fiscal general "insistiendo en que había que sacar la nota", insistiendo ella en que "no estaba de acuerdo con su contenido y que, por lo tanto, no iba a asumir la publicación como nota de su gabinete de prensa" (el comunicado lo difundió finalmente la Fiscalía Provincial)

Para Hurtado "tiene importancia esta secuencia" porque, "en la medida que Álvaro García Ortiz, como fiscal general del Estado, impone que hay que ganar el relato frente a una información con la que no está de acuerdo, lo razonable es que él tome la iniciativa para responder, también en los medios, con una información con la que hacer frente a aquella con la que discrepa". Y la manera de hacerlo, subraya, "es mediante la puesta a disposición de quién la elabore de la información necesaria, siendo lo más coherente que quien lleve la iniciativa en esa elaboración sea el jefe de la Fiscalía".

También pone en valor la explicación que dio la testigo respecto a su actuación la noche del 13 de marzo del pasado año, cuando se filtró el correo del 2 de febrero de ese año en el que la defensa de González Amador admitía en su nombre el fraude fiscal y proponía un acuerdo al fiscal del caso, Julián Salto. Según contó Lastra, después de hablar con Salto sobre las 21:54, quien le traslada que Pilar Rodríguez le está reclamando "que le envíe los correos" intercambiados con la defensa del novio de Ayuso, ella habló con Pilar Rodríguez, "quien le indicó que ya los tenía y que se los había mandado al fiscal general", replicándole Lastra: "para qué le mandas los correos, Pilar, los van a filtrar".

Sánchez Acera, "una fuente más de indicios"

En la declaración de Pilar Sánchez Acera -puesta en relación con los mensajes del móvil de Juan Lobato, que el exlíder de los socialistas madrileños puso voluntariamente a disposición del Supremo- Hurtado ve "una fuente más de indicios" de que la filtración de ese correo clave del 2 de febrero salió de la Fiscalía General del Estado.

Teniendo en cuanta que Lobato explicó que el correo que Sánchez Acera puso a su disposición el 14 de marzo para que lo utilizara en la Asamblea de Madrid contra Ayuso "era el de la Fiscalía", el instructor no da credibilidad a la versión de los hechos de la exasesora de Moncloa, que afirmó que "lo había recibido de los medios", porque esa versión "chocaba frontalmente con los datos objetivos que aportaba" un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 19 de diciembre de 2024.

De hecho, el magistrado advierte "datos objetivos" en ese informe policial que permiten concluir que después de que la cadena Ser revelara la noche anterior, a las 23:51 horas, el contenido de ese correo del 2 de febrero de 2024 "y antes de que cualquier otro medio hiciera pública la imagen de ese email, Presidencia del Gobierno pudo disponer de él, al menos, a través de Pilar Sánchez Acera, con la finalidad de utilizarlo políticamente" frente a Ayuso.

Es justamente esa declaración, y la de Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación, las que permiten al instructor "presumir con más razón que de Presidencia del Gobierno se recibieron instrucciones para hacer un uso político de la información".

Neira, "muy ilustrativo"

Hurtado también considera "muy ilustrativo" lo que manifestó el abogado de González Amador, en su declaración del pasado 27 de mayo, cuando explicó que tras la filtración del correo explicó a su cliente que "esto tendría que hacer que se replantearan el asunto, lo que era un procedimiento con todas las garantías", pues su publicación en los medios "le colocaba en una situación en las antípodas, en un procedimiento sin ninguna garantía".

El letrado, recuerda el juez, afirmó que "jamás se imaginó que se fuera a filtrar ese correo electrónico enviado a la Fiscalía proponiendo una conformidad penal e incluso añadió que "no sabía que eso hubiera ocurrido jamás".

De la declaración de la pareja de Ayuso, el juez destaca que según explicó González Amador se enteró de la existencia de ese correo del 2 de febrero a través de la noticia de la cadena Ser la noche del 13 de marzo de 2024, porque "no lo conocía con anterioridad" dado que no supo que su abogado lo había enviado tras la entrevista que mantuvo con él en la que "de cara a obtener un acuerdo de conformidad", este pasaba "por un reconocimiento de los hechos".

Y es que, añade, el empresario le había trasladado que "su prioridad era causar el menor daño posible a su pareja y que el procedimiento fuera lo más rápido posible, le aconsejó optar por la conformidad".

El papel clave de los informes de la UCO

Para el magistrado, también han resultado determinantes los testimonios de los agentes de la UCO que ratificaron el informe en el que otorgaban a García Ortiz un papel "preeminente" en la filtración tras el análisis de los mensajes del móvil de Pilar Rodríguez, y el del periodista de la cadena Ser que la noche del 13 de marzo del pasado año dio la noticia sobre la existencia de ese correo del 2 de febrero. Aunque este negó que la información la obtuviese de la Fiscalía General del Estado, Hurtado llama la atención sobre el hecho de que en esa información se incluyese que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado para publicar "en las próximas horas", algo que según el juez "permitía inferir que quien da esa información es porque la ha recibido de la Fiscalía, porque, si no, de otra manera, no se puede conocer que ésta fuera a preparar dicha nota".

Del mismo modo, Hurtado ve la mano de la Fiscalía detrás de la información de que, según fuentes jurídicas, la respuesta del Ministerio Público a ese ofrecimiento de pacto de González Amador fue que "eso se debe dilucidar en el juicio". "Por fuentes jurídicas -matiza el instructor- solo serían dos: una, la que proviene de Fiscalía, que parece lo más razonable, en cuanto se añade una respuesta tan propia como es derivar, en su caso, la cuestión a juicio, y la otra el propio abogado de González Amador, que se ha de excluir".

Para el magistrado del Supremo, el correo del 2 de febrero "fue la base sobre la que se preparó la información" tras "presumiblemente habérselo filtrado Álvaro García Ortiz". "No hubo, pues, filtración previa y anterior de la información confidencial de dicho correo, en la que ampararse para exculparse por la información que se difundió", deja claro.