Entre la amnistía y la euroorden: el último pulso de Puigdemont y Llarena

Desde su huida a Bélgica el 30 de octubre de 2017, con su Gobierno a solo unas horas de hacer el paseíllo en la Audiencia Nacional, Carles Puigdemont ha ido sorteando todos los esfuerzos de la Justicia española para conseguir que rinda cuentas en el Tribunal Supremo (TS) por su papel en el «procés». Casi seis años después, y a la espera de la amnistía que el independentismo da por cerrada a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, la estrategia jurídica del expresidente de la Generalitat oscila entre las posibles iniciativas para hacer efectiva cuanto antes esa medida de gracia y la batalla judicial con el Supremo ante una posible reactivación de la euroorden a Bélgica para reclamar de nuevo su entrega. Es el último pulso de Puigdemont con el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», aunque no con el alto tribunal, pues este último se encargará de dirimirlo (amnistía mediante) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya estudia los recursos de los líderes independentistas contra la sentencia del Supremo que les condenó a penas de hasta trece años de prisión por sedición y malversación.

La previsible aprobación de la ley de amnistía (habrá que ver en qué términos) activará el plazo para que se produzca el archivo en cadena de las causas judiciales vinculadas al desafío independentista en Cataluña en 2017 (la proposición de ley de amnistía de ERC y Junts rechazada por el Congreso en 2021 fijaba dos meses de plazo para dar carpetazo a todas las actuaciones judiciales). Pero Llarena, como cualquiera de los jueces que instruyen esas causas tienen la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) si albergan dudas sobre la sintonía de la ley de amnistía con la Carta Magna.

Orden de detención nacional

«Si un tribunal tiene dudas sobre la aplicación de una ley, no puede aplicarla hasta que el Tribunal Constitucional resuelva», subrayan fuentes del alto tribunal, que recuerdan que en ese caso el TC «suspende la ley en el mismo momento en que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad». El artículo 35.3 de la Ley Orgánica del TC es claro al respecto al establecer que el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad «originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial» hasta que la corte de garantías «se pronuncie sobre su admisión». Una vez admitida a trámite, el proceso judicial «permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión».

En ese supuesto, incluso con la ley de amnistía en vigor Puigdemont no podría regresar a España al mantenerse la orden nacional de detención del expresident y debería esperar a la decisión definitiva del TC.

Bélgica, de nuevo en escena

Al margen del «efecto amnistía», la defensa de Puigdemont sigue estirando los plazos ante una posible reactivación de la euroorden por parte de Llarena, que lo supedita a lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del líder de Junts, que le retiró el Parlamento Europeo avalado después por el Tribunal General de la UE. El magistrado le instó a demostrar antes de diez días que ha solicitado esa medida cautelar, pero ese plazo ha quedado en suspenso después de que Puigdemont recurriese en reforma esa decisión (como hará en apelación).

En el trasfondo de ese tira y afloja, una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para que Bélgica le entregue. Un procedimiento en el que la defensa de Puigdemont abrirá un nuevo frente ante la Justicia belga, ante la que defenderá la necesidad de cursar un nuevo suplicatorio dado que ahora Llarena le imputa (tras ser derogado la sedición) delitos de malversación y desobediencia. De tener éxito (el magistrado del Supremo defiende que los hechos son los mismos y no es necesario recabar otro suplicatorio), el procedimiento para lograr su entrega volvería a la casilla de salida. Eso siempre y cuando la amnistía no desbarate antes toda las fichas.