Puigdemont intenta apartar a Llarena de la causa del "procés" por pronunciarse sobre la amnistía

Carles Puigdemont ha vuelto a recusar al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés", cuestionando ahora su imparcialidad por haberse pronunciado públicamente sobre una posible ley de amnistía sobre la que, recalcó, habrá que determinar en primer lugar "si el ordenamiento constitucional permite o no la amnistía". En un escrito remitido a la Sala Penal del alto tribunal, la defensa del expresidente de la Generalitat, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, sostiene que las palabras de Llarena durante una conferencia en la Universidad de Derecho de Burgos el pasado día 11 hacen "ineludible su apartamiento definitivo" de la causa por lo que considera una "absoluta falta de imparcialidad".

Para el abogado de Puigdemont, las manifestaciones del magistrado "adelantan una postura sobre cómo, en el hipotético caso de aprobarse por el poder legislativo una norma de estas características", Llarena "hará lo que esté en sus manos para impedir su aplicación a este caso concreto". Motivo por el cual defiende que "es evidente que en él concurren" causas de abstención y de recusación.

El escrito del líder de Junts per Catalunya (JxCat) hace hincapié en que el magistrado del alto tribunal aseguró que si se aprueba la ley habrá que constatar "si hay una finalidad constitucionalmente legítima que justifica que se desactiven principios constitucionales fundamentales". Para Boye, de esta forma el instructor está "adelantando su postura sobre la aplicabilidad o no de una norma" como la ley de amnistía a Puigdemont y a los exconsejeros de la Generalitat huidos, por lo que sus palabras suponen "una evidente pérdida de la imparcialidad necesaria para la instrucción de la causa" al resultar, dice, "impropias de quien se ha autoatribuido la competencia para entender de los asuntos de mis representados, careciendo de cualquier norma que se la otorgue" (los abogados del líder soberanista siguen negando competencia al Supremo para instruir la causa del "procés", pese a que tanto la Sala Penal del Supremo como el TC han respaldado la competencia del alto tribunal).

"Clara crítica al poder legislativo"

La defensa de Puigdemont se queja de que Llarena afirmase que el hecho de que alguien como el expresident, sobre quien existen "indicios racionales de criminalidad", reclame la medida de gracia, "no parece que sea una razón que tenga fuerza bastante para aprobar una ley de amnistía". Según Boye, esa apreciación implica una "clara crítica al poder legislativo" que anticipa su criterio sobre la aplicación de la normativa (que obligaría a archivar todos los procesos judiciales relacionados con el "procés". Unas manifestaciones que, subraya, "no dejan lugar a dudas sobre su falta de imparcialidad e interés directo en la presente causa, que obligan nuevamente a su recusación".

Boye enarbola el derecho a un juez imparcial e invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que según él "claramente obliga a un examen detenido de las circunstancias que concurren" en Llarena, cuyos intentos de recusación ya ha desbaratado la Sala Penal del Supremo.

Pero esta no es la única iniciativa legal que ha impulsado la defensa de Puigdemont en las últimas fechas. Además, ha recurrido la decisión de Llarena de otorgarle un plazo de diez días para acreditar que ha recurrido ante el TJUE la retirada de su inmunidad (algo que ya ha hecho) y que ha solicitado al mismo que deje sin efecto de forma cautelar esa decisión adoptada por el Tribunal General de la UE, una pretensión que según su criterio "no se ajusta a Derecho", por lo que debe "ser dejada sin efecto".

La euroorden, a la espera

"Se le está pidiendo a la defensa en un proceso penal que informe sobre actuaciones pendientes, o no, ante otro órgano jurisdiccional, para lo que existe un procedimiento insoslayable, expresamente previsto en las leyes procesales: el auxilio judicial".

Y es que Llarena está a la espera de conocer la decisión del TJUE sobre una posible recuperación cautelar de la inmunidad por parte de Puigdemont (y en su caso respecto a la resolución del recurso ante la corte europea) para reactivar la euroorden contra el líder de Junts para intentar de nuevo que Bélgica le entregue a la Justicia española.

Pero para el abogado del expresident, no existe amparo legal para que Llarena le reclame esa información, "con implicaciones evidentes sobre el derecho fundamental a la defensa y a la asistencia letrada que garantiza la Constitución". Por eso, reclama la "suspensión del plazo" de diez días que le dio el magistrado del Supremo.