Llarena insta a Puigdemont a acreditar que ha pedido al TJUE que suspenda su suplicatorio

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés", ha dado diez días de plazo a Carles Puigdemont y al exconsejero catalán Antoni Comín para que justifiquen que han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la retirada de su inmunidad y han solicitado al mismo que se la devuelva de forma cautelar mientras se pronuncia sobre su recuerdo.

Llarena está pendiente de esa decisión para reactivar la euroorden contra el expresidente de la Generalitat, ahora paralizada, una vez que el pasado julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ratificó la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio solicitado por el juez del Supremo para poder actuar penalmente contra el líder independentista.

La defensa de Puigdemont sí ha recurrido la resolución del TJUE -lo hizo el pasado viernes al filo de la medianoche agotando el plazo legal, que expiraba ese día-, pero aún no ha solicitado al tribunal europeo la suspensión cautelar de esa decisión, que supondría que recuperase provisionalmente la inmunidad como europarlamentario a la espera de la decisión final del tribunal europeo y, además, frenaría la reactivación de las órdenes europeas de entrega que Llarena debe cursar de nuevo a Bélgica.

Pero según fuentes jurídicas, los abogados de Puigdemont instarán esa suspensión cautelar en los próximos días, un trámite que no se ha producido aún por cuestiones de tramitación procesal.

Petición de la Fiscalía

El pasado 27 de julio, Llarena se negó a reactivar por ahora esas euroórdenes de Puigdemont y Comín, y las correspondientes órdenes de detención -como le solicitaron la Fiscalía y Vox, que ejerce la acusación popular en la causa del "procés"-, y precisó que adoptará una decisión al respecto cuando el TJUE se pronuncie sobre esa posible suspensión cautelar de la retirada de la inmunidad a ambos.

Antes, en enero de este mismo año, el TJUE amparó a Llarena al determinar –tras la negativa de Bélgica a entregar al exconsejero catalán Lluís Puig– que un país comunitario no puede rechazar una euroorden poniendo en duda la competencia del tribunal reclamante ni amparándose en el riesgo de posibles vulneraciones de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, salvo que se trate de deficiencias "sistémicas" y generalizadas.

Según informó LA RAZÓN, la defensa del líder soberanista catalán estima que, como pronto, los tribunales belgas no se pronunciarán sobre las euroórdenes hasta septiembre del próximo año, una previsión que según sus cálculos podría ir incluso mucho más allá: hasta la primavera de 2026.