Atentado de Santa Pola: el juez sigue la pista de la troqueladora con la que se falsificó la matrícula del coche bomba

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -que investiga a seis exdirigentes de ETA por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, en el que fueron asesinados una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Gallego, que esperaba el autobús en las inmediaciones- sigue el rastro de la troqueladora utilizada por ETA para falsificar la matrícula del coche bomba utilizado por los terroristas.

En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor reclama a Policía y Guardia Civil -como le había pedido Dignidad y Justicia (Dy)- que constaten si en relación a esa maquinaria, supuestamente entregada por las autoridades francesas en 2018, se realizó alguna informe lofoscópico que identificase alguna huella dactilar con el objetivo de avanzar "en el esclarecimiento de los hechos".

Del mismo modo, el magistrado ha solicitado a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que elabore un informe sobre "el estudio de matrículas utilizadas" y su procedencia en la falsificación de la placa del coche bomba que ETA hizo explosionar en Santa Pola. Dado que esa troqueladora no fue incautada hasta el 31 de mayo de 2005, casi tres años después del atentado, García Castellón pide también una "relación y estudio" de todas las placas de matrícula que fueron utilizadas por la banda terrorista para cometer sus atentados o que fueron incautadas a sus integrantes desde el 20 de noviembre de 1999, fecha en que fue robada, hasta ese 31 de mayo de 2005.

Con el resultado de estas investigaciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional afirma que decidirá si cita a declarar al etarra Ibon Echezarreta, "Potxolo", condenado a 290 años de prisión por atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo y a 39 años más por el asesinato del exgobernador civil de Guipúzcao Juan María Jáuregui.

Decisión "colegiada"

García Castellón investiga la supuesta responsabilidad en este atentado de los entonces dirigentes de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica, Félix Ignacio Esparza, Mikel Albisu "Mikel Antza", Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, "Anboto".

En un informe de diciembre del pasado año, la Comisaría General de Información de la Policía determinó que todos ellos, como integrantes del comité ejecutivo de la banda terrorista en el momento de los hechos, tomaban las decisiones "de forma colegiada" sobre cuestiones "estratégicas y en ocasiones tácticas". Incluyendo la "determinación de la línea estratégica política y militar" y "el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos".

Dos meses antes, la Guardia Civil señaló también a los seis exdirigentes etarras contra los que se querelló Dignidad y Justicia (DyJ), forzando la reapertura de la causa. En su informe, el Instituto Armado coincide en que el comité ejecutivo o Zuba "era el órgano de dirección donde se decidían, planificaban, coordinaban y autorizaban" las acciones terroristas que cometían los "comandos" operativos de ETA. La decisión de llevar a cabo el atentado con coche bomba, hizo hincapié, "no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada" por todos sus integrantes.