El espectro de un nuevo apagón masivo vuelve a planear sobre España. La red eléctrica nacional ha registrado importantes fluctuaciones de tensión durante las últimas dos semanas, una serie de incidentes que han encendido todas las alarmas y reavivado el temor a que se repita el caos vivido el pasado 28 de abril, cuando un fallo generalizado dejó a oscuras a buena parte de la península. La preocupación es palpable en un sector que todavía lidia con las consecuencias del último gran fallo.

De hecho, el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), ya ha puesto estos sucesos en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde el organismo regulador se ha lanzado una advertencia clara: aunque las variaciones de tensión se mantuvieron dentro de los márgenes de seguridad tolerados, suponen un factor de riesgo que podría llegar a desestabilizar el suministro eléctrico en todo el país.

No en vano, el precedente que alimenta la inquietud actual fue un suceso de una envergadura notable. El apagón del 28 de abril, que afectó de lleno a España y Portugal, está considerado el más grave ocurrido en Europa en los últimos veinte años. La causa técnica, identificada entonces como una serie de «sobretensiones en cascada», colapsó por completo el sistema y dejó en evidencia la fragilidad de la interconexión ibérica, con millones de ciudadanos afectados durante horas.

El debate sobre el modelo energético, de nuevo sobre la mesa

En este contexto, este nuevo episodio de inestabilidad ha vuelto a poner el foco sobre la estructura del sistema energético español. El gran apagón de abril ya planteó serias dudas sobre la creciente dependencia de las energías renovables, cuya producción intermitente obliga a la red a estar en un equilibrio constante y delicado. Este modelo contrasta con el abandono progresivo de fuentes como la energía nuclear, que tradicionalmente ha aportado una base de generación estable y predecible.

En definitiva, la situación actual trasciende lo meramente técnico y se adentra en un debate estratégico sobre el futuro energético del país. Mientras los expertos analizan los datos y las autoridades monitorizan la red, la pregunta de fondo sigue sin resolverse: si el sistema actual es lo suficientemente robusto para garantizar la seguridad del suministro frente a la inevitable transición hacia un modelo más verde, pero potencialmente más vulnerable.