La Fiscalía Europea avanza con paso firme en las dos investigaciones que tiene abiertas por una decena de contratos que el gobierno canario de Ángel Víctor Torres concedió a en plena pandemia a dos empresas por un importe cercano a los 20 millones de euros. Las pesquisas, que arrancaron en un juzgado de instrucción canario por la presunta compra fraudulenta del material sanitario, se derivaron a la Fiscalía Europea al ser la competente para investigar los hechos por una presunta malversación de fondos europeos.

El actual ministro de Política Territorial se refirió este jueves a la información publicada por LA RAZÓN acerca de que el ente comunitario estrecha el cerco en el exalto cargo del gobierno Canario, Conrado Domínguez, por estas dos investigaciones. El expresidente canario dijo durante su intervención en el programa "Al Rojo Vivo" que se trata de un asunto del "pasado", si bien admitió que la apertura de estas diligencias tuvo "consecuencias políticas" y propició que su gobierno tomara "decisiones".

Aunque no dio detalles, se pudo referir a la dimisión de su exalto cargo, Domínguez, también salpicado en la causa del exdiputado del PSOE; Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias "tito Berni". "Es rescatar del pasado cuestiones para intentar estar siempre en el bullicio para ver si podemos mancillar la imagen de Torres», dijo a la par que apeló al "rigor periodístico".

Rastreo patrimonial

Sin embargo, las dos causas por los contratos a las empresas RR7 United S.L y Damco Trading Services S.L no solo no se han paralizado, sino que siguen su curso y están lejos de llegar a su final.

En ambas se estrecha el cerco en las gestiones de Domínguez y también en la que fuera fuera directora General de Recursos Económicos de dicho Servicio, Ana María Pérez Afonso. En la primera de las causas (que investiga la compra por cuatro millones de euros de mascarillas que nunca llegaron a su destino) se emitieron peticiones de asistencia a Bélgica e Italia en 2024 para rastrear el destino del dinero abonado por el gobierno canario.

En la otra de las causas abiertas se ordenó hace apenas unos meses el rastreo de la cuentas y patrimonio de los dos exaltos cargos de Torres, por la decena de adjudicaciones superiores a los 17 millones de euros, tal y como informó "Canarias 7".

Pendientes de la UCO

Se trata de licitaciones que se habrían autorizado desde el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria presidido por Torres. Por estos hechos se constituyó en mayo de 2024 en el Parlamento Canario una comisión de investigación por la que han desfilado los principales implicados hasta este mismo año.

Con todo, no es el único asunto que afecta a Torres vinculado con las mascarillas. El instructor del "caso Koldo" en el Tribunal Supremo solicitó en febrero a la Guardia Civil un informe sobre los mensajes que se hubieran intercambiado los imputados con, entre otros, Torres. La petición se produjo después de que el empresario Víctor de Aldama dijera que Koldo le pidió 50.000 euros en "b" para dárselos al ministro por la compra de mascarillas a la empresa clave de la trama.

De hecho, estos contratos también se investigan en la Audiencia Nacional, desde donde están pendientes de recabar otro informe de la UCO sobre estas adjudicaciones de casi 12 millones de euros. La UCO ya advirtió en los primeros compases de la causa de un reguero de presuntas irregularidades con la compra de estas mascarillas "fake" que investiga la Guardia Civil.