La Generalitat de Cataluña financió en 2024 con más de 800.000 euros a diversas entidades de la Comunidad Valenciana vinculadas al pancatalanismo y señaladas por promover campañas de asimilación del valenciano al catalán y marginación del castellano. Así lo denuncia la plataforma Hablamos Español en un informe que pone el foco en la red de subvenciones destinadas a organizaciones que orbitan alrededor de Compromís y que, según esta entidad, forman parte de un «lobby hispanófobo».

Una de las principales beneficiarias es Plataforma per la Llengua, que habría percibido 506.399 euros de la Generalitat catalana, además de 10.082 euros del Ejecutivo valenciano. Esta organización, especialmente activa en el ámbito educativo, es acusada de impulsar una política lingüística que tiene como objetivo erradicar el castellano no solo de Cataluña, sino también en la Comunidad Valenciana. Según la entidad, su objetivo es promover el catalán como elemento de cohesión social. Además, siempre ha sido de las asociaciones que más fondos ha recibido de los gobiernos nacionalistas en Cataluña.

El informe detalla que estas entidades no solo reciben dinero catalán, sino que también se nutren de subvenciones procedentes del Gobierno central, la Generalitat Valenciana y otros organismos como ayuntamientos, diputaciones y universidades. Es el caso de la Fundació Escola Valenciana, que percibió en 2024 100.000 euros del Estado, 48.089 euros de la Generalitat Valenciana y otros 100.000 euros de la Generalitat catalana. Por su parte, Acció Cultural del País Valencià recibió 200.000 euros del Gobierno central, 18.831 euros de la Generalitat Valenciana y 273.875 euros desde Cataluña.

Otra de las entidades señaladas es Sambori, con subvenciones que suman un total de 52.239 euros, de los cuales 23.323 euros provienen de la administración catalana. Y, de nuevo, también recibió fondos de ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales.

Desde Hablamos Español alertan de que estas ayudas responden a un «proyecto expansionista del catalanismo», cuyo fin último sería la creación de los llamados «Països Catalans», una idea política que aboga por la unificación cultural y lingüística de Cataluña, Valencia y Baleares.

"Adoctrinamiento abrumador"

«Dedicar una parte nada despreciable de los presupuestos catalanes a financiar organizaciones que trabajan para asimilar el valenciano al catalán no es casualidad», señalan desde la entidad. «Estas subvenciones permiten a los colectivos intervenir en procesos claves como la elección de la lengua base del sistema educativo», donde denuncian un «adoctrinamiento abrumador».

Por ello, el portavoz del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, también carga contra esta estrategia: «Es una muestra más de la dictadura lingüística», declaró a LA RAZÓN. A su juicio, la Generalitat, «gobernada o no por separatistas», continúa queriendo «arrinconar la lengua castellana en la educación», tanto en Cataluña como en las regiones de influencia ideológica pancatalanista, es decir, Valencia y las Islas Baleares.

Explicaciones en Europa por el acoso

Por otro lado, la situación que vive el español en Cataluña ha hecho que la consejera de Educación, Esther Niubó, tenga que dar explicaciones el próximo 14 de mayo ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la «marginación al castellano» en las aulas. La comparecencia, tal y como ha podido consultar este periódico, se aprobó a instancias del grupo europarlamentario «Patriots for Europe», al que pertenece Vox, que lleva tiempo denunciando lo que considera una vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña.

El origen de esta petición se remonta a una visita realizada en diciembre de 2023 por una delegación de eurodiputados a centros educativos catalanes. Durante su estancia, los parlamentarios europeos evaluaron la situación del derecho de las familias a recibir educación en español y analizaron si el modelo de inmersión lingüística catalán respetaba los principios fundamentales de la Unión Europea, como el multilingüismo, la no discriminación y la sentencia judicial de impartir, al menos, un 25% de las horas en castellano.

Fruto de esta visita, la delegación redactó un informe demoledor en el que se acusaba a la Generalitat de incumplir sistemáticamente las sentencias judiciales que garantizan un mínimo del 25% de enseñanza en castellano. El documento, además, recogía el testimonio de familias que, según Vox, sufren «acoso» por denunciar públicamente esta situación, así como la «inacción» del Defensor del Pueblo catalán y de la Inspección Educativa a la hora de garantizar sus derechos, tal y como afirman fuentes de la formación a este medio.

Entre las recomendaciones emitidas por el Parlamento tras conocer el informe, se incluía la exigencia de garantizar la enseñanza en castellano, abrir un diálogo con las familias afectadas y respetar las resoluciones judiciales. Según Patriots, el Govern no solo ignora las recomendaciones, sino que endurece su política lingüística.