Catedráticos advierten sobre la cesión de competencias migratorias a Cataluña: "Es completamente inconstitucional"

Catedráticos de Derecho Constitucional advierten de que la próxima concesión del Gobierno a Junts sobre las competencias en materia de inmigración es "completamente inconstitucional". Expertos consultados por LA RAZÓN avanzan que los planes de Moncloa con el partido independentista vulnerarían la Carta Magna, que establece que el control en materia inmigratoria es "competencia exclusiva" del Estado.

El acuerdo en el que trabajan el Ejecutivo y la formación que lidera Carles Puigdemont acerca del traspaso de inmigración y el control de fronteras es, a juicio de los catedráticos consultados, "completamente implausible". Las negociaciones entre las partes giran en torno al traspaso íntegro de las competencias de inmigración, incluyendo el control de fronteras con la presencia de los Mossos d'Esquadra, en detrimento de la Policía Nacional. Junts ya ha advertido de que la Generalitat tendrá la última palabra y que si hay un "pero" no habrá acuerdo.

"Es completamente inconstitucional. La competencia en materia de inmigración es del Estado. No hay duda de ninguna clase, pero en este país hemos entrado en una dinámica en la que el Gobierno decide qué es constitucional y qué no", reza una de las voces consultadas. El catedrático apela al artículo 149.2 de la Carta Magna, según el cual el Estado ostenta competencia "exclusiva" de todo lo relacionado con nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

"Es un disparate"

Los expertos razonan que esta cesión que buscaría desencallar la aprobación de los Presupuestos es un "disparate", puesto que son competencias vinculadas a la soberanía del Estado. Con todo, no dudan de que accederán a los nuevos reclamos de Junts. "Lo van a transferir a través del artículo 150.2. No les preocupa cómo se articule jurídicamente porque luego acabará en el Tribunal Constitucional y se avalará", advierten.

El precepto que menciona el experto determina que el Estado puede transferir o delegar en las comunidades autónomas materias de titularidad estatal "que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Este matiz que incluye la Constitución serviría para determinar que el control de la inmigración o de las fronteras se encuentra entre los supuestos a excluir de su redacción. Sin embargo, las voces preguntadas dan por hecho que optarán por esta vía y lo regularán mediante ley orgánica que terminará ante el tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido.

"Esto va a costar la unidad del Estado. Es terrible", apuntalan. Los catedráticos advierten además de que esas competencias, una vez cedidas, son irrecuperables porque va a ser muy difícil que un futuro Gobierno se atreva a quitárselas a Cataluña. Al respecto, sostienen que la cuestión es muy compleja porque no solo contempla el control de materia migratoria, sino que se englobarían todas las facetas relacionada con este fenómeno; esto es, quien entra y quien sale del país, quien puede adquirir la nacionalidad o la condición de asilado.

El control de las fronteras

Por todo ello defienden que las comunidades autónomas no pueden ir más allá del control de competencias en materia de política asistencial respecto de los inmigrantes. La Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultante del acuerdo negociado entre el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el mandatario autonómico, Artur Mas, otorgaba a Cataluña la competencia exclusiva de recogida de personas inmigrantes, la regulación de las medidas necesarias para su integración, el establecimiento de una ley para regular la integración de los migrantes y la promoción e integración de las personas regresadas a Cataluña. Nada más.

Sobre este punto, algunos de los catedráticos consultados entienden que existe cierta disfunción al respecto, puesto que la competencia la ostenta en exclusiva el Estado, pero las conclusiones de estas políticas las padecen las comunidades en cada territorio.

Con todo, reiteran que es "completamente implausible" que el Gobierno acceda a esta nuevo reclamo del partido de Puigdemont porque al hecho de que no lo permite la Carta Magna, se añade que Cataluña no puede tener una política inmigratoria porque no tiene fronteras. "No se pueden tener dos políticas, una estatal y otra de una comunidad", apostillan.

El nuevo requerimiento de Junts tras conseguir trocear el decreto Ómnibus y de que Pedro Sánchez se someta a la cuestión de confianza, afectaría también a la Policía Nacional. La cesión del control de fronteras a la Generalitat de Cataluña implicaría que los agentes dejarían de ejercer las labores de control en materia de Extranjería y Fronteras de Estado y lo dejarían en manos de los Mossos d'Esquadra.

Al respecto, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha recurrido ante la Justicia el acuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña. La asociación ha interpuesto recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad al considerar que este acuerdo no tiene rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en cuyo artículo 12 se regulan las competencias para Policía Nacional y Guardia Civil).