Chantaje lingüístico y complejos políticos

La semana pasada, las consecuencias del chantaje lingüístico del nacionalismo volvieron a acaparar titulares en España. El lunes circulaba como la pólvora en redes sociales la historia de una pareja de catalanohablantes encerrados en un aparcamiento de Barcelona, que se vio obligada a recurrir al interfono para solicitar asistencia ante el bloqueo de la barrera de salida. El problema comienza cuando los atiende una mujer hispanohablante que no habla catalán, y ella les pide los datos del vehículo para hacer las comprobaciones y autorizar la salida.

En la grabación –por supuesto, realizada por la pareja– queda en evidencia su negativa a expresarse en castellano para hacerse entender, mientras la empleada insiste en varias ocasiones en que lo hagan en español para poder anotar la matrícula. Los insultos y comentarios despectivos se suceden dentro del coche y, finalmente, la mujer corta la comunicación.

Veinticuatro horas después, Junts hizo público un acuerdo con el Gobierno según el cual todas las empresas que presten servicios de interés general o cuenten con una plantilla superior a 250 trabajadores deberán garantizar atención al cliente en catalán, tengan su sede en Cádiz o en Calatayud. A eso lo llaman «oír la calle» y ser capaces de reconfortar en tiempo récord a esos pobres ciudadanos que preferían pasar la noche encerrados antes que repetir su matrícula en español. Míriam Nogueras tiene muy claro quiénes son sus votantes y cómo cuidarlos, tanto a ellos como a la causa que defiende.

Pocas horas más tarde, el alcalde de Badalona, del Partido Popular, anunció en sus redes sociales la aprobación de una moción de apoyo al «Pacte Nacional per la Llengua» y al impulso de actuaciones municipales en defensa del catalán. Se trata de un acuerdo elaborado por ERC y asociaciones afines como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, respaldado por el PSC y los Comunes, pero no por el PP. Dicho pacto busca lograr 600.000 nuevos hablantes de catalán y que esta lengua sea la utilizada «normalmente» en todos los ámbitos. «Normalmente», recalco, porque en Cataluña resulta una anomalía dirigirse en castellano a la administración y recibir respuesta en la misma lengua.

En términos futbolísticos, podríamos decir que en un solo día nos marcaron dos goles a puerta vacía. Y digo a puerta vacía porque una ya tiene muchas dudas sobre quién apuesta en este país con convicción por fomentar la convivencia lingüística y quién está dispuesto a defenderla sin complejos, con un relato sólido que plante cara, sin estridencias, a esa gran mentira. Esa que presenta como víctimas a quienes recortan a diario los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, no solo en Cataluña, sino en todas las comunidades bilingües.

Es evidente que el PSOE y el resto de la izquierda parlamentaria van a dejar la portería desprotegida por tiempo indefinido porque esos goles que les encaja el nacionalismo les resultan muy rentables: los mantienen en el poder, y las políticas lingüísticas son el pegamento que los une en todas las comunidades autónomas con más de una lengua oficial; constituyen una de las puntas de lanza de su batalla cultural.

Pero ¿y el resto de los partidos? ¿Son conscientes de lo que nos jugamos con estas concesiones? No dar la batalla con una política lingüística clara, firme y argumentada deja el terreno libre a quienes utilizan las lenguas para dividirnos, para enfrentarnos, para fortalecer identidades nacionales cuyo principal pilar es el conflicto permanente. No se puede comprar el discurso de quienes exigen sus derechos a costa de privarte de los tuyos.

No existe ninguna asociación que se haya posicionado en contra de la enseñanza en las lenguas cooficiales. Ninguna. Algunas defienden la libertad de elección, otras el bilingüismo, pero nadie ha salido a exigir que no se pueda estudiar en catalán, euskera o gallego; tampoco hay quien reclame incumplir sentencias judiciales, ni quien justifique a los acosadores de familias con posición contraria. Imagínense, entonces, nuestro estupor al leer el apoyo a un pacto elaborado y supervisado, entre otros, por quienes sí piden desobedecer sentencias, sí quieren instituciones monolingües, sí graban a escondidas a médicos que atienden en castellano, sí denuncian a heladeros, dependientes o a jóvenes actrices migrantes que se han atrevido a alzar la voz ante esta sinrazón.

No se puede sostener una política lingüística en Badalona, otra en Menorca y otra en Castellón. Deben existir líneas rojas que se respeten y se hagan respetar en todo el territorio, y no solo hablar de ellas cuando se acercan las elecciones. Es imposible mantener la confianza de los votantes y de las asociaciones si no vemos luz ni siquiera en lugares donde ya se ha producido un cambio político.

Ya son demasiados los goles en propia puerta que hemos sufrido quienes, desde distintos puntos de España, luchamos sin recursos y sin complejos por la igualdad de derechos lingüísticos.

Ana Losada es presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe