Cinco exjefes de ETA se desvinculan del asesinato de Pedrosa, exconcejal del PP en Durango

Cinco de los diez exdirigentes etarras investigados por el asesinato del concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza el 4 de junio de 2000 se han desmarcado del atentado y han negado, según fuentes jurídicas, cualquier responsabilidad al respecto. Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; Mikel Albisu, "Mikel Antza"; Asier Oyarzabal; Vicente Goicoechea y Ramón Sagarzazu -todos ellos en libertad- se han acogido a su derecho a no declarar, según esas mismas fuentes, limitándose a asegurar "que no tienen nada que ver con los hechos por los que se les acusa".

En esa comparecencia por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián y preguntado por su abogada, Sagarzazu ha manifestado que ya ha sido condenado en Francia por pertenencia a organización terrorista tras no acreditarse, ha explicado, que fuese dirigente de la banda terrorista (lo que le eximiría, en ese caso, de una posible autoría mediata por su posición como integrante del comité ejecutivo de ETA, sin cuya autorización, según ha puesto de relieve la investigación, los miembros de los "comandos" no decidían los objetivos cuando se trataba de políticos). Por este motivo, el magistrado Francisco de Jorge ha reclamado a su defensa que aporte la sentencia de la Justicia francesa.

Otros cinco exdirigentes de la banda criminal, también imputados -Javier García Gaztelu, "Txapote", Juan Antonio Olarra Guridi, Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi", Ainhoa Múgica y María Soledad Iparraguirre, "Anboto", todos ellos en prisión- estaba previsto que declarasen mañana, pero esa cita judicial ha sido suspendida según fuentes jurídicas a la espera de habilitar una fecha para tomarles declaración desde la cárcel con Instituciones Penitenciarias.

Querella de Dignidad y Justicia

Todos ellos están siendo investigados tras la denuncia interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ), en la que la asociación que preside Daniel Portero enmarca el asesinato del edil en su "resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco" tras sufrir una "larga campaña de coacciones y amenazas terroristas" por negarse a pagar el "impuesto revolucionario". Se trató, exponía, de un crimen "instrumental o ejemplificante" que buscaba amedrentar a "otros muchos perseguidos a los que ETA igualmente quería expulsar" del País Vasco (el Instituto Vasco de Criminología calcula que entre 60.000 y 2000.000 personas, entre el 5 y el 10% de la población, se vieron forzadas a hacer las maletas ante el acoso de ETA).

El entonces magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal argumentó al admitir a trámite la querella que con el atentado ETA buscaba "una amplificación y un refuerzo" de su amenaza terrorista, por lo que el asesinato del concejal de Duranto formaba parta de una "estrategia de terror continuada", "indiscriminada y persistente".

"Ya hemos matado al hijo de puta"

Tal y como corroboraron ante el instructor en mayo de 2023 dos antiguos compañeros de Pedrosa en el Ayuntamiento de Durango -Carlos García y Juan José Gaztañazatorre- el concejal del PP tenía la sensación de que le iban a matar. "Ya hemos matado al hijo de puta", aviso una voz anónima a su viuda por teléfono el día del asesinato. Ese día también testificó sobre ese clima de terror creado por ETA y su entorno contra agentes y militares José Urquizu, hijo del teniente coronel José María Urquizu, asesinado por ETA en el municipio vizcaíno en 1980,

Sobre ese clima hostil, recordaron las pintadas con la silueta de su cuerpo en el suelo, las llamadas de madrugada para escuchar un inquietante "pim, pam, pum" al otro lado o el "féretro con velas" a las puertas de su vivienda.

Carlos García recordó en una entrevista en LA RAZÓN cómo le marcó el asesinato de Pedrosa. "Fue durísimo. Cuando le velábamos en el salón de plenos de Durango, en la calle algunos gritaban, en el silencio de la noche: «ETA mátalos»".