García Ortiz desoye las críticas de la mayoría del Consejo Fiscal y saca adelante 15 nombramientos con un pie en el banquillo

Álvaro García Ortiz ha presidido su último Consejo Fiscal, el órgano consultivo de la carrera, antes de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo (TS) dentro de apenas dos semanas. Y lo ha hecho entre las críticas de la mayoría de los consejeros, que le habían pedido sin éxito que suspendiera la convocatoria para evitar lo que consideran un "alarmante deterioro" de la institución a ojos de la ciudadanía. Una demanda que le han reiterado en la sesión, también sin éxito, según las fuentes consultadas.

Fuentes de la Fiscalía General apuntan que la petición de suspensión del Pleno "no tiene base legal" y recuerda que ya se celebró otro Consejo Fiscal el mes pasado y "hace unos días una Junta de Fiscales de Sala" (la cúpula de la carrera) "a la que nadie puso objeción".

Así las cosas, ajeno a esas críticas García Ortiz ha sacado adelante 15 nombramientos discrecionales: el de la fiscal superior de Galicia, María del Carmen Eiró, el del teniente fiscal del Principado de Asturias, Íñigo Gorostiza, y los de 13 jefaturas provinciales o de área. Entre las primeras, las de Ávila (María del Carmen Barberán) y las propuestas de renovación de los fiscales jefe de Soria (María José Burgos); Alicante (Jorge Rabasa); Orense (Eva Regueiro); Segovia (Inmaculada Martínez); Teruel (María Isabel Buj).

En cuanto a las fiscalías de área, García Ortiz propone la renovación de los responsables de Ceuta (Silvia Rojas); Benidorm-Denia (María Isabel Medina); Marbella (Julio Ángel Martínez Carazo); Ponferrada (Jacinto Fernández Villalvilla); Arrecife-Lanzarote-Puerto del Rosario (Yolanda López Gómez); Dos Hermanas (María Amparo Camacho) y Vilafranca del Penedés-Vilanova i la Geltrú-Gavá (Ana Mireya Gómez Baquero).

Reunión "totalmente inoportuna"

Para los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -que precisamente ejerce la acusación popular en la causa contra el fiscal general por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso- la celebración de este consejo resultaba "totalmente inoportuna" teniendo en cuenta que García Ortiz será juzgado por revelación de secretos -afronta una posible condena de hasta seis años de prisión- a partir del 3 de noviembre.

Pero el máximo representante del Ministerio Público ha orillado esas críticas y ha presidido el Consejo Fiscal - con 15 propuestas de nombramientos sobre la mesa- decidido a ejercer el cargo pese a su situación procesal -ya descartó dimitir tras ser imputado y procesado por el juez Ángel Hurtado y, más recientemente, cuando se le abrió juicio oral-. De ahí que finalmente, salvo sorpresa de última hora que no se espera, se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo como fiscal general del Estado, una situación insólita en la historia de la institución.

Críticas de la mayoría del Consejo

Los seis vocales de la AF -Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Mas, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde- reclamaron por escrito a la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, la suspensión del Consejo, poniendo de manifiesto que "la posición procesal del fiscal general del Estado está llevando a un progresivo y alarmante deterioro de la percepción ciudadana del Ministerio Público". "Dada su condición de presidente del Consejo Fiscal -aseguraban- el órgano al que pertenecemos no es ajeno a este quebranto" ante la "inminencia" de la celebración del juicio".

En esa misma línea, la vocal Teresa Gálvez (APIF) calificó la situación de "insólita e irregular". "Nos sonroja como fiscales y compromete sobremanera el ejercicio legítimo de nuestras funciones y el cómo se nos percibe por la ciudadanía, confundida con este espectáculo", aseguró en un comunicado. Convencida de que en "en un clima de normalidad ficticia" la celebración del Consejo Fiscal "erosiona aún más la institución". Gálvez reprochaba a García Ortiz de estar "refugiado en la institución".

A partir del 3 de noviembre

El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general -que declarará al final de la vista oral- entre el 3 y el 13 de noviembre en seis jornadas (los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13) en sesiones de mañana y tarde. El tribunal estará presidido por Andrés Martínez Arrieta, a su vez presidente de la Sala Penal, e integrado además por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Susana Polo (que será la encargada de redactar la sentencia) y Carmen Lamela.

En la vista está previsto que declaren 40 testigos, entre ellos ocho fiscales, dos responsables de prensa de la Fiscalía, doce periodistas, once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO), cuatro políticos, dos abogados, y el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso y cuyo correo en febrero de 2024 admitiendo el fraude fiscal que se le atribuye supuestamente filtró el máximo representante del Ministerio Público el 13 de marzo del pasado año.