Cóctel de promesas de todos los partidos para seguir en el poder

Susana Díaz utiliza propuestas de Podemos y de Ciudadanos y rescata algunas de la época de Manuel Chaves para lograr su investidura

Garantizarse la investidura para seguir gobernando, ganar tiempo y esperar que el convulso mapa político español se aclare en los próximos meses. Esa es la estrategia que ha elegido Susana Díaz en Andalucía y que puso en evidencia ayer durante la lectura de su discurso de investidura. No ofreció un programa de Gobierno al uso, sino un compendio de promesas, pactos y reformas para conseguir contentar a todo el arco parlamentario, especialmente a Podemos y Ciudadanos y desbloquear así su investidura. De momento, no lo consiguió. Solo varió su mensaje para recordar al principio que «para que pueda haber oposición, es imprescindible, como condición previa, que haya Gobierno» y que, por tanto «quien quiera ejercer la oposición, ha de tener claro que para cumplir con tal cometido debe permitir que haya un gobierno. De lo contrario, ni unos ni otros podremos dar cumplimiento al mandato de los ciudadanos y sobre todo haríamos un flaco favor a nuestra tierra». Al final insistió en la misma línea, apelando incluso a la sensibilidad de los diputados –llegó a solicitarles que pensaran «en los mayores que necesitan un ascensor para volver a pisar las calles»– para que tomen una decisión: «Me permito pedirles que devolvamos a los andaluces esa confianza que los andaluces han puesto en nosotros. Que cumplamos cada uno con nuestra obligación, en el Gobierno o en la oposición».

PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN

Este apartado completó la primera parte de su intervención y fue en la que ofreció medidas más concretas. Díaz asumió el decálogo exigido por Ciudadanos con algún matiz, como limitar la responsabilidad patrimonial de los partidos políticos en casos de corrupción sólo en donde se haya demostrado una financiación irregular. Además, aportó otras propias y lo extendió a todas las fuerzas políticas, en un intento de forzar al PP a sumarse a su iniciativa o señalarlo como un partido que no defiende la limpieza democrática. Las medidas no sólo afectan a la Administración sino que también se extienden a los partidos políticos, a los que se obligaría a publicar en Internet su estructura orgánica y retribuciones de sus representantes si las tuvieran. Los cargos públicos no podrían recibir remuneración complementaria de sus partidos y estarían obligados a hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF, incluida la de su cónyuge. Igualmente, este pacto obligaría a la celebración de primarias en todas las formaciones, una cuestión que obligaría a modificar los estatutos de algunos partidos. Los firmantes están obligados también a apartar a quienes mientan o manipulen en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica, una cuestión que no es casual, ya que los socialistas andaluces acusaron al líder del PP-A Juanma Moreno de «falsear» su biografía académica. Igualmente, las personas imputadas no podrían formar parte de las listas electorales. Dentro del seno de la Junta de Andalucía, la candidata socialista recuperó su promesa de crear una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción con capacidad sancionadora en el ámbito administrativo y recuperó una propuesta del PP para crear una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos. Todo para que casos «como el de los ERE o la formación, por referirme a casos andaluces, no vuelvan a repetirse», dijo.

ELECCIONES A DOBLE VUELTA

Díaz asume, con matices, los deseos de una reforma electoral, que, en cualquier caso, vincula a un acuerdo en el Congreso de los Diputados. Propone listas desbloqueadas y que los alcaldes, presidentes de comunidades autónomas y el propio presidente del Gobierno sean elegidos por sufragio universal de la ciudadanía, «estableciéndose una segunda vuelta si en la primera algún candidato no alcanza la mayoría absoluta». Se trata, en cualquier caso, de una reforma que podría implicar cambiar la Constitución y que no sería inminente.

REBAJA DEL IRPF

Varios estudios sitúan a Andalucía –junto a Cataluña– como una de las comunidades autónomas con mayor carga fiscal. Díaz anunció una rebaja fiscal a rentas bajas y medias en todas las figuras tributarias. Concretó que el tramo autonómico del IRPF se reduciría entre 2 y 3,5 puntos, un guiño al Partido Popular que lleva reclamando medidas de este tipo desde hace años. También prometió rebajas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

PACTO POR LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD PÚBLICAS

La oferta de pactos se amplió a educación, sanidad y dependencia. La presidenta en funciones propuso un gran acuerdo para blindar la educación pública y garantizar la equidad y la excelencia. En la misma línea, ofreció otro gran consenso para garantizar la sanidad pública universal. Y un tercero con el Gobierno central para asegurar la correcta aplicación de la Ley de Dependencia. Sobre los recursos económicos que destinará a cada materia no ofreció dato alguno.

3.000 MILLONES PARA EMPLEO

En la comunidad con más desempleo de la Unión Europea, Díaz propuso movilizar todos los recursos disponibles para favorecer el empleo. Dijo que «en esta legislatura movilizaremos alrededor de 3.000 millones de euros de recursos públicos para favorecer el empleo en Andalucía». El presupuesto anual de la Junta ronda los 30.000 millones –120.000 en cuatro años–. También prometió potenciar la cultura emprendedora y agilizar los trámites administrativos, promesa recurrente de Manuel Chaves y que incluyó en 2003 en una iniciativa llamada «segunda modernización».