El Colegio de la Abogacía de Madrid se traslada a Bruselas para denunciar los efectos de la futura ley de amnistía

Una delegación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) viajará este miércoles a Bruselas para poner al corriente a las autoridades europeas de los riesgos que supone la aprobación de la futura ley de amnistía para el Estado de derecho en España y denunciarán otras anomalías que afectan a la separación de poderes y a las atribuciones que tienen los jueces. Además, presentarán un Observatorio de Derecho de la Unión Europea que alertará de los incumplimientos en la transposición de directivas europeas.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, que ya había adelantado que el ICAM barajaba la posibilidad de concretar esta visita a principios de año, la delegación se trasladará a la capital europea el miércoles 10 de abril a última hora y permanecerá allí hasta el viernes 12 de abril, unos días en los que celebrarán varios encuentros con distintas instituciones. El objetivo es aportar documentación sobre cómo se han ido plasmando el acuerdo inicial de los pactos de investidura en textos normativos y trasladar la sensibilidad y preocupación por lo que desde el órgano colegiado se tiene sobre la situación de quiebra del Estado de derecho.

En concreto, profundizarán en los efectos de la futura ley de amnistía, actualmente en trámite en el Senado, y su encaje en el orden constitucional y en el Derecho europeo, También se abordará los efectos que tiene su aplicación en la separación de poderes y los riesgos para la independencia judicial que conlleva la creación de comisiones parlamentarias para discutir las decisiones judiciales. Todo ello, tal como subrayan desde el ICAM, manteniendo una posición de absoluta neutralidad política, tal como han manifestado en diversas ocasiones.

Las mismas fuentes han confirmado que la delegación estará integrada por seis personas: el decano Eugenio Ribón; la vicedecana Isabel Winkels; el secretario de la Junta de Gobierno, José Ignacio Monedero; la diputada de Relaciones Internacionales, Teresa Mínguez; la tesorera, María Dolores Fernández; y la diputada de Relaciones Institucionales, Roberta Poza.

El jueves por la mañana se entrevistarán con el servicio jurídico de la Comisión Europea y la Dirección General de Justicia. En el Parlamento Europeo celebrarán una reunión con el eurodiputado Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que ha sido quien les ha cursado una invitación para visitar la sede. Al día siguiente, el viernes por la mañana, se reunirán con abogados españoles del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con una representación institucional.

Observatorio de Derecho de la Unión Europea

Durante su visita, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid presentará un nuevo organismo. Se trata del Observatorio de Derecho de la Unión Europea que esperan que se amplíe a otros estados y cuyo objetivo es alertar de forma temprana del incumplimiento en la transposición de directivas de la Unión Europea, dado que España es el Estado miembro con el número más elevados de procedimientos de infracción por no cumplir en plazo con este cometido.

Actualmente hay más de un centenar de procedimientos abiertas, de los cuales 42 se deben a la demora excesiva en transponer las directivas y 27 de ellas las ha abierto la propia Comisión. Solo entre 2023 y 2024, se han iniciado 48 procedimientos por incumplimiento.

Por otra parte, la interacción entre los tribunales nacionales y el TJUE es intensa y se han incrementado en un 21% los asuntos que la Corte de Luxemburgo recibe de media al año. España es el cuarto país que más asuntos remite al tribunal, solo por detrás de Alemania, Italia y Bulgaria.

Según han adelantado las mismas fuentes a este periódico, el Observatorio de Derecho de la Unión Europea funcionará en base a la emisión de comunicados y alertas que se trasladarán a los organismos e instituciones responsables de transponer la norma en España, advirtiendo de la demora para contribuir a que estos incumplimientos se reduzcan al máximo. Estas demoras en la transposición de directivas tiene efectos negativos tanto en los derechos de los ciudadanos como en las multas que suponen las infracciones que se abonan con dinero público.