El Constitucional niega contactos con el independentismo por la ley de amnistía

En los últimos días, en medio de la incertidumbre por el camino que tomaban las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas, se produjeron una serie de filtraciones desde la órbita del separatismo que apuntaban que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, intercambiaba documentos con Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Todo, mantenían, con el objetivo de negociar una ley de amnistía que superase cualquier filtro judicial. Una información que incluso el PP denunció en boca tanto de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como de su coordinador General, Elías Bendodo. Sin embargo, desde el Constitucional niegan de forma categórica que Conde-Pumpido haya interlocutado o intercambiado documentos con Boye con el fin de asesorar en la redacción de una futura norma que establecerá ese olvido legal.

Lo niegan no a través de un comunicado oficial, sino por medio de fuentes próximas a la Presidencia del TC, que insisten en que esos contactos anunciados desde el entorno independentista nunca se han producido. Y uno de los principales motivos que esgrimen estas mismas fuentes para desmentir dichas acusaciones filtradas es que el presidente del Constitucional «ni conoce ni se ha visto nunca con el letrado Boye».

Es más, añaden que el abogado de Puigdemont presentó, en el mes de marzo de 2021, un escrito en el propio Tribunal Constitucional para recusar al magistrado en todos aquellos recursos de amparo relacionados con el expresidente de la Generalitat.

[[H3:La «amenaza» del «procés»]]

En dicho escrito, recuerdan al mismo tiempo, el letrado aportó el texto de una conferencia que ofreció el propio Conde-Pumpido en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2017, en la que el presidente del TC no dudó en calificar como «amenazas» a la democracia todos los sucesos que se estaban produciendo en Cataluña en el marco del «procés» independentista. Mostró su «preocupación» por ello y lo tachó de «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho».

La consecuencia que provocó esta recusación fue, recuerdan estas mismas fuentes, la abstención del magistrado, la cual fue aceptada por el Pleno. Es decir, Conde-Pumpido quedó apartado de todos los recursos de amparo que fueron formulados por Puigdemont, específicamente en aquellos relativos a la causa penal del Tribunal Supremo (TS). Es más, también dejan claro que los efectos de dicha abstención del magistrado con motivo de la recusación de Boye «persisten» a día de hoy.

Desde el Tribunal Constitucional aprovechan esta situación, y las numerosas filtraciones interesadas que se están produciendo en las últimas semanas en relación a la ley de amnistía que negocia el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts y ERC, para poner especial énfasis en pedir que «se deje trabajar a la institución, que se respete la independencia e imparcialidad de sus magistrados y magistradas». Y, al mismo tiempo, estas fuentes cercanas a Pumpido reclaman que «no se ponga al Tribunal Constitucional en el foco central mediático de unas futuras decisiones acerca de una ley de amnistía que no se conoce y menos aún que esté recurrida», sentencian.