Horas después del horror de los atentados del 7 de octubre, el Gobierno español ya había decidido que la guerra en Gaza correría paralela a otro frente diplomático contra Israel en el que iba a llevar el mando. Un mes y medio después de que empezaran a caer las bombas sobre los gazatíes, la visita de Pedro Sánchez y Alexander De Croo al paso de Rafah, donde ambos denunciaron públicamente el coste humano de la ofensiva, comenzó a apretar las costuras de una relación que terminaría por estallar con el paso de los meses.

Israel respondió convocando a los embajadores de España y Bélgica y, pocos días después, retiró a su embajadora en Madrid «para consultas», abriendo una crisis formal que ha marcado el tono del bienio. Ha sido casi imposible llevar la cuenta de las convocatorias, llamadas a consultas, protestas públicas y comunicados, declaraciones incendiarias... La última, el viernes de la semana antepasada, cuando el Ministerio de Exteriores convocó por enésima vez a la encargada de Negocios de la legación hebrea, Dana Erlich, embajadora de facto, para pedir explicaciones por la suerte de los españoles que iban en la Flotilla de la Libertad a Gaza.

El hito que marcó el punto de no retorno fue, sin duda, el reconocimiento de Palestina por parte de España en mayo del año pasado. A partir de entonces, la estrategia del Ejecutivo socialista se reparte en tres vectores claros: jurídico, político y económico. Y todos han conllevado una aplicación práctica.

La intervención de España ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de genocidio contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, coloca a Madrid en el expediente que marcará la narrativa legal de la guerra. Esta no fue una medida que salió gratis, claro, los costes diplomáticos han sido elevados, pero ese fue el precio que pagó el Gobierno para, de puertas adentro, dar coherencia a un discurso que ya había cruzado el Rubicón semántico del término «genocidio».

La ofensiva política, además del reconocimiento al Estado palestino al que acaban de sumarse Francia y Reino Unido, ha pasado por el intento de liderar dentro de la UE las sanciones y la interrupción del Acuerdo de Asociación con Israel. Una medida que se ha quedado a medias, sobre todo, por la reticencia de Alemania y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El techo de ambición de España en las medidas para presionar a Israel contra la «masacre», como dijo el Rey en su discurso ante la ONU, ha estado siempre por encima del de Bruselas. Sin embargo, hay que reconocer que la firme posición española sí le ha hecho ganar tracción con ciertos socios de su familia política en Europa y, sobre todo, ha capitalizado la ola de opinión pública doméstica.

El coste de esta defensa (por otro lado, legítima) de los civiles en Gaza también ha tenido una derivada transatlántica. Washington ha tolerado la retórica antibelicista mientras no afecte a interoperabilidad y a la OTAN. Las cancelaciones de la compra de armas a la industria israelí pueden ser asumibles; otra cosa es una ruptura mayor que entorpezca programas compartidos. De hecho, el Gobierno lleva hoy al Congreso de los Diputados la convalidación del real decreto ley sobre el embargo a Israel, una fecha poquísimo afortunada para una votación que, en cualquier caso, tiene escasas posibilidades de ganar por la falta de apoyo de sus socios.

Entre la Diplomacia hebrea ha caído terriblemente mal el supuesto despiste de Moncloa, que asegura no haberse dado cuenta de que el 7 de octubre se cumple también el segundo aniversario de los atentados de Hamas. Esta desafortunada coincidencia parece haber sido la puntilla de un malestar que va más allá de lo puramente político y ha echado raíces en lo emocional causando unas heridas que se antojan de mal pronóstico.

Hay que tener en cuenta que España ha llevado su lucha mucho más allá que casi todos los países árabes. Egipto y Jordania, tradicionales mediadores, no han roto relaciones y mantienen sus pactos con Israel y EE UU, sobre todo en cuestiones militares y energéticas.

La salida a corto plazo de este atolladero diplomático a corto se antoja imposible. Ninguno de los dos países tiene incentivos para «desescalar» sin cambios sobre el terreno. España seguirá, de momento, sin representación de primer nivel en la embajada de Tel Aviv y nada hace creer que la encargada de Negocios israelí vaya a obtener el plácet para ser reconocida como embajadora.