España ha mostrado con rotundidad su apoyo al pueblo de Gaza y su rechazo a la masacre de la población civil, la violación de los derechos humanos y el genocidio que estamos presenciando por parte del gobierno de Israel. Desde un principio ha sido uno de los países más comprometidos, que con mayor claridad se ha pronunciado y liderando un giro de posición en el ámbito internacional, justo, necesario y demandado por la inmensa mayoría de la sociedad española. La repulsa y condena de la inmensa mayoría de los españoles al asesinato de la población civil, especialmente niños y gente indefensa, ha superado ideologías y trincheras por encima de los propios partidos.

Nuestros hechos han sido constatables más allá de las declaraciones. Un ejemplo evidente ha sido la posición del jefe del Estado, Felipe VI, en la reciente asamblea de la ONU, condenando la masacre y exigiendo el alto el fuego. Reforzó el papel de España como país que defiende los derechos humanos, que reivindica la aplicación del derecho internacional humanitario y que no mira hacia otro lado ante el sufrimiento de ancianos, mujeres y niños en esta masacre que no puede recibir el calificativo de guerra.

La participación de activistas españoles en la Global Sumud Flotilla requirió la protección en materia de rescate y ayuda humanitaria por parte de nuestra armada a través del buque Furor. Otros países que distan de un compromiso y posición tan nítida como la del gobierno de España y me refiero a la Italia de Meloni ejercieron también esa protección hacia sus activistas.

La acción del gobierno de España no ha estado exenta de polémica, ni dentro ni fuera del gobierno. Finalmente, la decisión de combinar la protección de nuestros ciudadanos y la responsabilidad que evitarán decisiones que conllevarán un desenlace aún más dramático ha generado tensiones dentro del gobierno. Es legítimo y loable la colaboración que ayude a sacudir la conciencia internacional sobre lo que todos estamos contemplando día a día en Gaza. No ha sido solo esta flotilla, todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, periodistas que se juegan la vida por mostrar al mundo esta barbarie, instituciones y quienes en alguna medida han puesto voz y rostro a esta masacre han colaborado en esa inmensa repulsa internacional. Pero hay un momento siempre donde los gobiernos tienen que actuar con responsabilidad y priorizando la seguridad. Esa es la línea que lo separa del activismo. Haber permitido la entrada del buque Furor de la Armada Española en la zona de exclusión podría generar consecuencias dramáticas. Algo que explican con claridad la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que hubo miembros del Gobierno de España que parecían no querer entender. Me cuesta entender que pretendían ciertos ministros de Sumar, en especial la Vicepresidenta segunda abogando por una posición más firme. Un gobierno jamás debe olvidar que es el gobierno de todos los ciudadanos incluso de aquellos que no le votan o discrepan de sus decisiones.

Respecto a la labor de estos activistas, loable en su fin, hay un punto donde la solidaridad y la ayuda humanitaria puede derivar en otro tipo de espectáculos/ actos mediáticos nada deseables. La repercusión internacional ha sido enorme y nada objetable, muy superior a cualquier valoración sobre la eficacia de la ayuda humanitaria que representan. El límite aparece cuando ese compromiso legítimo con la denuncia de la masacre pone en peligro vidas humanas. En este contexto de conflicto es crucial actuar con prudencia y responsabilidad, algo que me sorprende tengamos que recordar a quienes tienen responsabilidad pública o la han tenido. Algunas activistas como Ada Colau han sido cargos públicos hasta hace un cuarto de hora.

Nadie puede cuestionar el compromiso de nuestro país, la determinación en el ámbito internacional y un ejemplo evidente han sido las críticas vertidas sobre el jefe del Estado desde distintos sectores de la derecha y la ultraderecha española. Desde el “Rey reina, pero no gobierna” hasta acusarlo de defender intereses contrarios a los de un Estado soberano reflejan lo complicado que es en este clima de polarización interna que vive España mantener el liderazgo ético y humanitario en este conflicto.

Las noticias que estamos recibiendo en las últimas horas por parte del Ministerio de Exteriores, sobre la liberación de 21 de los activistas interceptados y su retorno a nuestro país en los próximos días tras reconocer la entrada ilegal a Israel ratifican el ejercicio de prudencia del gobierno español.

La defensa de los derechos humanos, no es un ejercicio de notoriedad, nuestro apoyo a Gaza es indiscutible, nuestra denuncia de la masacre y el genocidio indudable, la solidaridad con la población indefensa ha sido firme, y al mismo tiempo la prudencia para ponderar riesgos y límites también. Eso debe hacer un gobierno, la pancarta y los actos simbólicos forman parte de la movilización social, proteger vidas y garantizar derechos es la obligación del Estado y su respuesta política.