Cada día que pasa es más evidente que al Gobierno y a Pedro Sánchez se le está atascando la crisis de vivienda que sufre España. El Ejecutivo está intentando, por todas las vías posibles, trasladar la imagen de que está actuando al respecto, que está impulsando medidas para paliar el problema y, también, que la culpa es de los ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP porque no están aplicando las recetas que el Ejecutivo facilita. Sin embargo, esto sólo ya convence en Moncloa.

Los socios parlamentarios del Gobierno, que hasta ahora sólo daban signos puntuales de preocupación sobre este asunto, están virando y están buscando poner la vivienda en el centro del debate político. Y lo cierto es que ya no compran el argumento de que la culpa es del PP, ahora presionan directamente a Sánchez.

Ayer en el Congreso se evidenció este cambio de paradigma. La vivienda fue el gran asunto del Pleno y los tirones de orejas de los socios fueron al Gobierno, no a los poderes autonómicos. La crisis ocupó parte importante de las preguntas que le hicieron tanto a Sánchez como a María Jesús Montero durante la sesión de control al Gobierno, que normalmente suelen versar sobre cuestiones más políticas que sobre gestión.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, le dijo al presidente que "lo que puede acabar con su Gobierno es el drama de la vivienda". "La política de vivienda de cualquier país debería de ser la de una familia, una casa", aseguró, y lanzó dos ideas: la primera, "la intervención del mercado"; la segunda, aprovechar que se quiere abrir la Constitución para incluir el aborto e incluir el derecho a la vivienda como derecho fundamental.

Ione Belarra, de Podemos, fue más contundente y le dijo a Montero que el Gobierno "está contribuyendo a la crisis", que se comportan "como un fondo buitre", que "alimentan la especulación" y que, al hacer tantos anuncios de vivienda nueva "y luego no hacer nada", pareciera que "viven en un anuncio de Idealista". La dirigente morada acusó al Gobierno de ser el responsable, por todas estas cuestiones, de la "frustración de la gente".

Pero el asunto no se quedó en ese rifirrafe parlamentario, sino que se amplió más tarde con la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudió a la Cámara Baja para presentar un plan de vivienda que fue criticado, de manera unánime, tanto por los socios como por la oposición. Sus otrora aliados se quejaron de que el plan invade competencias (ERC y PNV), denunciaron también que el Gobierno no está cumpliendo sus anuncios (Junts) o que el plan era insuficiente (Sumar).

"Es un plan, sí. Con una música diferente a la que estábamos acostumbrados a escuchar, pero todavía suave e imperceptible para aquellos que necesitan una solución ya", dijo el diputado de Sumar Gerardo Pisarello.

De hecho, Sumar amenaza ahora con intentar arrebatarle esa bandera al PSOE. La coalición liderada por Yolanda Díaz está desplegando una estrategia por la cual se dibujan como el partido que le pone las pilas al PSOE en el Consejo de Ministros -lo hicieron, por ejemplo, con las medidas contra la corrupción o con el embargo de armas a Israel- y ahora se han centrado en la vivienda.

Fruto de ese cálculo, presentaron su propio plan de vivienda el lunes, dos días antes de que compareciera Rodríguez, con medidas más dirigidas a "intervenir el mercado" y que podrían aprobarse con un real decreto. Es decir, que si el Gobierno no lo aprueba, podrán alegar que es porque el PSOE no quiere.