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De Jack el Destripador a Julián Muñoz

La Razón
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Suele decirse que la cara es el espejo del alma. Pero, además, la letra, si no refleja el alma, sí lo hace con la identidad de quien la escribe. Tanto nuestra letra como nuestra firma suponen una suerte de documento de identidad, cuyos rasgos gráficos son únicos en cada escritor y por tanto, difícilmente falsificables.

Ante una posible falsificación de una firma o un texto, o bien ante la necesidad de determinar su autoría, surge la necesidad de contar con peritos calígrafos, profesionales cuyos conocimientos técnicos auxilian a los órganos judiciales. La mejor manera de valorar y comprender la utilidad de este tipo de pericia no es otra que exponer su intervención en casos judiciales conocidos. Y hay muchos. Desde casos de terrorismo hasta otros de espionaje o con el propio Jack el Destripador como protagonista.

Las periciales caligráficas han tenido un papel relevante a la hora de combatir el terrorismo de ETA. Sirva como muestra el proceso judicial seguido contra Andoni Otegi y Oscar Zelarain, por la colocación de un artefacto explosivo el 25 de julio de 2001 en una sucursal bancaria de Lekunberri. El Ministerio Público mantuvo su petición inicial de 15 años de prisión, basándose en la pericial caligráfica realizada respecto a una nota manuscrita que figuraba entre los documentos intervenidos al ex dirigente de ETA Ibón Fernández de Iradi, «Susper». En dicha nota supuestamente Otegi se atribuía la colocación del artefacto, pudiéndose determinar en dicho informe pericial que la letra se correspondía con la de los acusados.

En un proceso mucho más popular, el entablado contra el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y la tonadillera Isabel Pantoja, que actualmente se encuentra pendiente de sentencia, la defensa pidió que se practicase una pericia judicial ante la unión a la causa de unos documentos procedentes del «caso Malaya». Se trataba así de cotejar la firma y letra de su defendido con las obrantes en los citados documentos, a fin de descartar en ellos su intervención.

El supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, en el que son de suma importancia las periciales caligráficas desarrolladas a fin de atribuir la autoría de la letra obrante en los partes de seguimiento manuscritos, es otro ejemplo de la importancia que tienen estas pruebas para cualquier proceso judicial.

Pero volviendo a la historia, hay casos en los que la caligrafía ha podido ser fatal para un inocente. Como el famoso y, sin duda, histórico «caso Dreyffus». En 1894, el capitán del Ejército francés Alfred Dreyffus fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos. Enjuiciado, fue condenado a prisión perpetua y desterrado a un penal de la Guayana francesa por el delito de alta traición. Todo en base a unas pericias caligráficas incorrectas y poco rigurosas que le atribuían unos manuscritos hallados casualmente en la Embajada alemana. Finalmente, el oficial fue indultado y rehabilitado al salir a la luz la verdad.

Por último, por introducir un punto de misterio, señalamos el caso de Jack el Destripador, pseudónimo del asesino en serie más conocido de la historia, quien cometió sus crímenes en el otoño de 1888. Scotland Yard tuvo que realizar cotejos caligráficos (menos rigurosos y serios que los actuales) para poder diferenciar las cartas remitidas a la Policía por este truculento personaje, de las enviadas por quienes se hacían pasar por él dando pistas falsas.

En dichos cotejos se tienen en cuenta numerosos elementos, sirviendo como ejemplo: los recorridos y las peculiaridades gráficas, la medición de los trazos y los espacios en blanco, la presión o la fuerza motriz (vertical u horizontal, regresiva o progresiva), la inclinación de los ejes verticales o la cohesión entre letras.

La pericia caligráfica es, en resumen, tanto un medio de investigación como un medio probatorio plenamente aceptado en nuestro ordenamiento jurídico, que en la ley de Enjuiciamiento Civil refiere al mismo como el cotejo de letras. Los informes emitidos por estos peritos calígrafos permiten la resolución de una multitud de casos (testamentos ológrafos, pagarés con firmas supuestamente falsificadas, escritos anónimos conteniendo amenazas...).