El decano del ICAM declara que García Ortiz quería "poner paños calientes" a la nota de la Fiscalía sobre González Amador

Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) -una de las acusaciones populares en el juicio al fiscal general- ha puesto de relieve en el Tribunal Supremo el "profundo malestar" que generó en la profesión la difusión el 14 de marzo del pasado año de la nota de la Fiscalía que desveló las negociaciones entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal que le investigaba por fraude fiscal para llegar a un acuerdo de conformidad.

En su declaración como testigo en el juicio a Álvaro García Ortiz, el decano del ICAM ha asegurado que la preocupación en la abogacía era "honda". "Nunca habíamos vivido una situación que fracturara de esa manera el secreto de defensa", ha enfatizado.

"No era preciso revelar el contenido literal de esos correos", ha afirmado, para desmentir la versión de que ese pacto de conformidad (que a cambio del reconocimiento del fraude tributario suponía una rebaja en la petición de condena que permitiese al novio de Isabel Díaz Ayuso evitar el riesgo de ingreso en prisión). Unas comunicaciones que, ha subrayado, forman parte del ámbito "más confidencial" de las conversaciones entre un abogado y el Ministerio Público en el marco de un acuerdo de conformidad. Para el letrado, la nota de la Fiscalía es "el detonante y el motivo que genera la alarma y el desconcierto de la abogacía".

"Honda preocupación"

Según ha recordado, tras su divulgación, empezaron a recibir "multitud de mensajes de compañeros sobre la honda preocupación por la nota de la Fiscalía. "Resultaba difícil de creer", ha señalado, por lo que una vez comprobada su autenticidad, escribió un mensaje a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, solicitando hablar con ella. Al habla telefónicamente, asegura que le dijo que "se sentía como un sándwich, por arriba y por abajo" en relación con la publicación de la nota con la que García Ortiz quería rebatir el bulo de que el ofrecimiento de acuerdo había partido de la Fiscalía y que se había frenado por parte de la Fiscalía General por tratarse del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al día siguiente, se reunió durante 15 minutos con García Ortiz y otros cuatro fiscales, entre ellos la propia Pilar Rodríguez y el teniente fiscal de la Secretaría Técnico, Diego Villafañe, a los que trasladó "la alarma que había generado la nota y la hondísima preocupación en el seno de la abogacía".

En esa cita, ha recordado, García Ortiz "trata de justificar la nota de la Fiscalía" cuya autoría "asume" Pilar Rodríguez (que estuvo investigada hasta el último momento). "La conversación es difícil de seguir", ha apuntando.

"Depuración de responsabilidades"

"En un momento dado", ha asegurado Ribón, el fiscal general "plantea la adopción de algún tipo de comunicado conjunto entre la Fiscalía y la Abogacía para, si se me permite la expresión, poner paños calientes a la nota". "Le traslado que esperábamos una investigación y una depuración de responsabilidades", ha recordado. A partir de ese momento, cuando le traslada su "disconformidad" con la protesta, "la conversación se precipita y se da por terminada en dos minutos".

"El Colegio no entra a valorar las comunicaciones publicadas por distintos medios de comunicación", ha afirmado entre las divulgaciones previas sobre los correos que se cruzaron el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Y es que el abogado del Estado, defensor de García Ortiz, ha insistido en saber por qué el ICAM "no actuó" en relación a la filtración del correo del 12 de marzo en el que la Fiscalía se aviene a pactar con el novio de Ayuso.

Ribón ha reiterado, ante un insistente abogado del Estado, que la actuación del ICAM se produjo a raíz de la comunicación de la Fiscalía, y no de las revelaciones de los medios de comunicación de los correos entre la defensa de González Amador y el fiscal. Asimismo, ha constatado que aunque el número de conformidades se mantuvo estable el pasado año (un dato con el que la defensa del fiscal general quiere acreditar que lo sucedido no ha mermado el derecho de defensa ni ha afectado negativamente a esos pactos), aunque ha recordado que en 2024 los procedimientos penales aumentaron un 12,36%.

Cuatro años de prisión y 81.000 euros de multa

El ICAM pide cuatro años de prisión para García Ortiz por revelación de secretos, una multa de 81.000 euros, la suspensión en el cargo durante tres años y su inhabilitación para ser fiscal general del Estado.

En su escrito de acusación sostiene que el máximo representante del Ministerio Público tenía el "deber de guardar secreto, no revelando información sensible" -como la confesión de González Amador que contenía el correo del 2 de febrero de 2024 en el que su abogado ofrecía al fiscal un pacto de conformidad- de la que había tenido conocimiento por razón de su cargo.

El Colegio de la Abogacía de Madrid también atribuía el borrado de sus mensajes y correos electrónicos al "riesgo probatorio que corría en su contra" y a su propósito de "entorpecer la indagación judicial que preveía inminente". "No existe ningún protocolo oficial de borrado de comunicaciones en aras de la protección de datos sensibles, ni norma específica que ampare tal proceder", exponía la acusación popular en su escrito.

"Perjuicios reputacionales"

Para el ICAM, con su actuación García Ortiz minó "la credibilidad del Ministerio Fiscal y los principios de objetividad, imparcialidad y confianza que ha de presidir cualquier contacto de los profesionales de la Abogacía con el Ministerio Público, pues cualquier filtración, además del daño reputacional y la consiguiente lesión de derechos subjetivos, influye sustancialmente en el desarrollo del proceso con todas las garantías".

No en balde, aseguraba, la filtración de ese correo y la publicación de la nota informativa en la que la Fiscalía desgranó las conversaciones entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal del caso causó "perjuicios reputacionales de índole social y económica" al empresario y, también, "una merma del derecho al proceso con todas las garantías" de González Amador. Quebrantando, entiende la acusación, sus derechos a la confidencialidad "derivada del secreto profesional entre abogado y cliente y con el Ministerio Fiscal en los trámites de conformidad", a un juicio justo y a la presunción de inocencia y a "no autoincriminarse en el procedimiento penal seguido por presunta defraudación tributaria".