El sanchismo fomenta la xenofobia y el racismo. Si el reparto y cuidado de los menores inmigrantes ilegales lo hubiera tratado este Gobierno como una política de Estado no estarían ahora administraciones y partidos tirándose los menas a la cabeza. Esa lucha política por no tener a un chico extranjero más alimenta la idea de que esas personas son despreciables. Si realmente el Gobierno hubiera querido un «hito histórico» en la defensa de los derechos humanos, como dijo el ministro examigo de Ábalos, lo habrían hablado con los autonómicos en vez de someterse a la exigencia de Junts.

Puigdemont ha convertido el Gobierno en una máquina expendedora que acaba siempre con la misma frase: «Su decreto, gracias». El golpista escondido en Waterloo no solo le ha robado la cartera a Sánchez, sino la posibilidad de que se comporte como un hombre de Estado. En su afán por mantener su Ejecutivo se esmera por entregar lo que sea a Junts, pero al no tener la moral, las instituciones, ni los números recurre al decreto cuando Puigdemont lo exige. Al prófugo no le hace falta más que apretar, torcer el gesto, ponerse mohíno o contener la respiración para que Sánchez exhale el decreto pertinente.

En ese viaje indecoroso ahora toca chapotear en el racismo. El PSOE de Sánchez ya es indistinguible por obra, no por palabra, de cualquier fuerza «ultra» que trate a los inmigrantes ilegales como mercancía embalable. A ese partido que se titula «progresista» le trae al fresco la contradicción entre lo que dice y lo que hace porque el sanchismo es así. Se ha pasado el juego. Está en un nivel nuevo. Antes manejaba la mentira, las contingencias gubernamentales y demás zarandajas de mal jugador. Ahora apuesta por la negación de la evidencia.

La contorsión obligada por Puigdemont ha llegado al punto de que el PSOE niegue la existencia de la verdad. En su lugar, los sanchistas han puesto un conjunto de narrativas que para ellos son válidas aunque sean incoherentes. No hace falta más que oír a los ministros y leer la prensa. Si Mazón y Vox acuerdan no admitir más inmigrantes en Valencia, el Gobierno dice que es racismo y xenofobia. Pero si Puigdemont consigue de Sánchez que Cataluña no acepte más menores no acompañados, ese mismo Ejecutivo asegura que se ha llegado al paroxismo progresista y de respeto a los derechos humanos.

Con el mismo desparpajo, el sanchismo afirma que su decreto de extranjería atiende a las demandas, a pesar de que no lo ha pactado con las autonomías. Incluso fanfarronea de que lo tienen muy estudiado, aunque no saben decir cuántos menores no acompañados hay. En su mente suena bien, pero han repartido a los inmigrantes con una proyección informática; es decir, con números inventados. Vamos, como el discurso de la pertinaz sequía en medio de tres borrascas. Esos cálculos de reparto de menas, además, están hechos sin acogerse a la capacidad de acogida real, al número de plazas en los centros, a la cantidad de personal para su cuidado y al presupuesto necesario. Debe ser que las matemáticas son fachas. A cambio, el Gobierno va a decir a cada CC AA lo que tiene que acoger, salvo a la Cataluña de Puigdemont.

Habrá un día en que deje de funcionar la máquina expendedora de decretos en la que se ha convertido este Gobierno. No funcionará porque no habrá nada más que dar a Junts, ni amnistías ni fronteras. No se le ocurrirá edificio con el que agraciar al PNV, ni delegación de competencias al Gobierno vasco, como los permisos de trabajo a extranjeros. Ni Guardia Civil o Policía Nacional que retirar. ¿Qué decretará Sánchez entonces? ¿La autodeterminación?

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