El PP denuncia ante el Parlamento Europeo el "señalamiento" del Gobierno al juez García-Castellón

El PP sigue dando batalla contra el Gobierno en Europa para denunciar las cesiones al independentismo. Además de las presiones que está intentando ejercer para frenar la amnistía, los populares también han denunciado este lunes ante el Parlamento Europea el "señalamiento" del Gobierno al juez Manuel García-Castellón por mantener la intención de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo. Ese "señalamiento" hecho el viernes por la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera es, de hecho, un acercamiento al discurso del independentismo, que dice que en España los jueces usan el "lawfare" para "perseguir a políticos".

En concreto, a través de una pregunta parlamentaria formulada por Dolors Montserrat, el PP ha pedido a la Comisión Europea que "condene todo señalamiento a jueces por hacer su trabajo con acusaciones graves e inadmisibles en democracia". Además, en esa misma pregunta, se exige a la Comisión Europea que "inste al Gobierno de España a respetar la separación de poderes y velar por la lealtad institucional".

En el mismo documento con las preguntas parlamentarias, la dirigente popular ha informado a la Comisión Europea del comunicado del Poder Judicial en el que alertan de las afirmaciones de Ribera "como contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea".

"Es inadmisible y vergonzoso que desde el Gobierno se acuse a jueces de trabajar guiados por el interés político", ha señalado Montserrat este lunes. "En España se ha implantado desde la Moncloa el argumentario de que todo vale por estar en el poder, desde ceder ante el chantaje de los condenados y prófugos, hasta comprar sus acusaciones de que en España la justicia no funciona abriendo la puerta a la desconfianza ciudadana. Y el PP no se va a callar ante esta preocupante deriva del PSOE", ha añadido.

El "señalamiento" del Gobierno al juez García-Castellón se produjo el viernes, cuando la vicepresidenta Teresa Ribera acusó al magistrado de tener "querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles" después de que haya denegado el recurso de la Fiscalía contra su decisión de pedir al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo a Puigdemont. "Como digo, nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", continuó Ribera en una entrevista en RTVE. "Hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial", añadió.

En este sentido, la decisión judicial de García-Castellón ha puesto nervioso al Gobierno porque llega en un momento clave para la tramitación de la amnistía. Tanto ERC como Junts buscan introducir una enmienda para que los delitos de terrorismo durante el "procés" sean amnistiables, pero el PSOE se opone, temiendo las consecuencias que puede tener ese precepto en Europa. Por tanto, la decisión del juez de la Audiencia Nacional de mantener su solicitud al Tribunal Supremo de imputar a Puigdemont por terrorismo puede ser un obstáculo para la amnistía.

Lo cierto es que el juez García-Castellón, además, ha tenido motivos para mantener su decisión de pedir la imputación de Puigdemont por terrorismo porque, según expuso en el auto judicial, los indicios se han "consolidado" a resultas de los avances en la instrucción. De hecho, asegura que en estos momentos se constata "con mayor claridad" que su tesis inicial de calificar los hechos como delito de terrorismo se vislumbra como "plausible", por lo que insiste en que los hechos investigados "encajan" en las finalidades que la normativa penal y comunitaria anuda a este tipo de acciones: el intento de desestibilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones o de las estructuras económicas o sociales.