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Investigan si el PSOE y Compromís se financiaron con dinero de la Diputación

Detenidos el presidente Jorge Rodríguez y otros seis empleados de la antigua Imelsa.

  • El alcalde de Ontinyent y presidente de la diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, llega al ayuntamiento custodiado por agentes de la UDEF. Informa: Efe
    El alcalde de Ontinyent y presidente de la diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, llega al ayuntamiento custodiado por agentes de la UDEF. Informa: Efe
Valencia.

Tiempo de lectura 4 min.

28 de junio de 2018. 02:39h

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A. Martí / T. Ramos.  Valencia. 27/6/2018

Seis detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, es el balance provisional de la denominada «operación Alquería», derivada de la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó un trabajador de la empresa pública Divalterra.

La causa, declarada secreta, está relacionada con varios contratos de alta dirección realizados en Divalterra y se investiga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Sin embargo, la magnitud de la operación y el hecho de que los detenidos seguían, al cierre de esta edición, arrestados, daba por seguro que había algo más que irregularidades en contrataciones. Diversas fuentes apuntaban a que podía estar relacionado con el desvío de fondos hacia el PSPV y Compromís.

De momento, en la denominada operación Alquería, coordinada por el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, ha acabado con la detención de los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación, el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego y Manuel Reguard.

Las primeras informaciones apuntan a que la investigación está relacionada con la denuncia que en marzo presentó Ciudadanos. En ella advertía de la posibilidad de que se hubieran cometido los delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos en la empresa pública y acusaba al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, a los gerentes de Divalterra, Xavier Simón y Agustina Brines y al secretario del Consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda. La denuncia hacia referencia a la contratación irregular de siete altos cargos y dos gerentes. Todos ellos con contratos de alta dirección que no se ajustaría a la legalidad y que deberían haber salido a concurso calibrando mérito y capacidad. Sin embargo, dichas plazas se cubrieron con militantes del PSOE y Compromís.

Cada uno de estos altos cargos cobra un salario de 50.000 euros más gastos de desplazamiento comportando un coste a los fondos públicos de 75.000 euros al año cada uno. La denuncia de Ciudadanos hacía una previsión de la duración de estos contratos de cuatro año desde 2015 a 2019 y añadiendo los finiquitos calculaba un montante de dos millones y medio de euros, que, de demostrarse irregulares las contrataciones, supondrían una malversación de caudales públicos.

La denuncia explica que los altos cargos podrían estar pagando una parte de su sueldo a sus respectivos partidos en agradecimientos por haber sido «enchufados», lo que el denunciante considera que ahonda en el despilfarro y la malversación de fondos.

Divalterra es el nombre que se dio para acometer la refundación de la antigua Imelsa, la empresa del que fue gerente Marcos Benavent, el «yonqui del dinero», y matriz del «caso Taula».

Los registros comenzaron a las siete y media de la mañana. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estuvo en el Ayuntamiento de Ontinyent y en el domicilio de Rodríguez. También hubo registros en las viviendas de otros tres detenidos. Pasadas las siete de la tarde, Rodríguez entraba a la Diputación de Valencia acompañado por la Policía. Durante la mañana se había precintado todo el área de Presidencia así como desalojado a los trabajadores de Divalterra.

El PP también ha denunciado de manera reiterada irregularidades en esta empresa pública. El primero en presentar una denuncia ante la Fiscalía fue el Partido Popular. La admitió a trámite el 3 de enero y dos días después la archivó. La sorpresa para los populares por la rapidez en la que se dio por cerrado el caso fue mayúscula. Señalaban la existencia de fraccionamiento de contratos para evitar someterlos a concurso público, así como otros por valor de 90.000 euros en concepto de asesoría jurídica a la letrada Emma Ramón, abogada que tiene domiciliado su despacho en el bufet de un conocido penalista que ha representado al PSPV en muchos procedimientos y con el que, según insistía el PP, mantiene deudas pendientes.

Los populares aseguraron ayer que la denuncia que ha motivado esta investigación tiene como base las actuaciones que ellos llevaron ante la Fiscalía. Además, el PP también presentó el pasado mes de abril dos denuncias ante la Inspección de Trabajo por los contratos de alta dirección que la empresa Divalterra había realizado a varios trabajadores y que, desde la constitución de la empresa, había beneficiado a 13 personas.

En el escrito denunciaban que la documentación aportada dejaba clara la «arbitrariedad» con que se recurre a «contratos laborales ordinarios, y otras de alta dirección, sin mayor criterio que el capricho o, tal vez, en función del destinatario o beneficiario final del mismo».

La operación Alquería tiene muchas incógnitas por despejar. En los mentideros políticos se hacía hincapié en la enemistad que Jorge Rodríguez había generado con José Manuel Orengo, ahora asesor del presidente Ximo Puig y al que Rodríguez despidió como asesor de la Diputación. Se apunta también al protagonismo que tiene en todo este caso José Luis Vera, el director jurídico de Divalterra del que Rodríguez también quiso prescindir.

Sin embargo, este cogió una baja laboral y se reincorporó a su puesto de trabajo hace unos meses. Una de sus primeras actuaciones fue dar el visto bueno al pago de unas facturas que llevaban año y media paradas por valor de 80.000 euros en favor de una fundación que trató, sin éxito, de constituir Orengo.

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