El año que saltó el escándalo

Madrid- Hace justo un año que Cándido Méndez acudía al programa «El Objetivo» de Ana Pastor para dar explicaciones sobre la investigación en la Audiencia Nacional sobre posible financiación ilegal de UGT. Desde entonces, ése ha sido casi el menor de sus problemas. En un año ha tenido que hacer frente a acusaciones de tener una «caja B» en su sindicato en el «caso de las facturas falsas»; dar explicaciones por la imputación de Manuel Pastrana y de Francisco Fernández Sevilla, los dos últimos secretarios generales de la federación andaluza; avergonzarse, como todos, por el escándalo de las «tarjetas black» de Caja Madrid en el que se vieron involucrados cuatro representantes de su central sindical y, hace poco más de un mes, mostrar su tristeza y preocupación por que un histórico del Sindicato Obreros de Mineros de Asturias (SOMA), José Ángel Fernández Villa, pidiera la amnistía fiscal para regularizar una fortuna oculta de 1,4 millones de euros. En un segundo plano ha quedado incluso el escándalo que en los últimos años más quebraderos de cabeza le dio: el «caso de los ERE», con cinco miembros de su sindicato entre los imputados y con la acusación por parte de Mercedes Alaya de llevarse una parte del pastel en sobrecomisiones.

UGT se ha visto salpicada, sin duda, también por la corrupción. Hasta el punto de que se antoja como uno de los motivos por los que, tras dos décadas al frente del sindicato, Méndez va a decidir dar finalmente un paso atrás. La negación para explicar algunos de estos escándalos dio paso a la tristeza y al discurso de que su central ha tomado decisiones drásticas. «Las organizaciones en las que militaban estos compañeros tomaron determinaciones y pidieron autorización a la ejecutiva confederal para apartarlos inmediatamente», decía Méndez el pasado lunes en una entrevista a «El Diario de Navarra», en la que pedía no confundir la estructura de un sindicato con la de un partido político. Era la respuesta implícita a los que dudan de que desconociera muchos de los casos citados anteriormente.

Explicaciones

Dudas que han originado infinitud de explicaciones. Porque si algo ha predominado en estos doce meses han sido las comparecencias y las ruedas de prensa. Como secretario general, sus palabras sobre Fernández Villa o José Ricardo Martínez estuvieron bajo lupa. Del primero, tuvo que admitir lo «enormemente preocupante» de su silencio, mientras que del segundo aseguró que al margen de la «dimensión legal y judicial», un dirigente político «tiene una responsabilidad ética y moral», aunque negara un «uso reprochable» de las «tarjetas black».

Eran los últimos coletazos de un «annus horribilis» para Cándido Méndez que comenzaba con el escándalo de las facturas falsas. A finales de año presentaba su dimisión Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT Andalucía, tras sólo siete meses en el cargo. Meses después, la Fiscalía le imputaba junto a su antecesor, Manuel Pastrana, por «financiación ilegal del sindicato a través de la defraudación generalizada en subvenciones recibidas relativas a fondos de formación». Fue sólo el comienzo. Pero era la constatación de que UGT iba a ser noticia más por sus escándalos que por sus luchas.

Los casos de la central

Fondos de formación

Se acusa al sindicato de «financiación ilegal» a través de la «defraudación generalizada» de subvenciones.

«Tarjetas black»

Cuatro sindicalistas utilizaron las famosas tarjetas opacas de Caja Madrid. El escándalo le costó la dimisión al líder de UGT Madrid, José Ricardo Martínez.

Fernández Villa

El líder histórico del SOMA, Fernández Villa, se acogió a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros.

«Caso de los ERE»

La jueza Alaya tiene imputados a cinco sindicalistas. Además, acusa a la central de cobrar varios millones en sobrecomisiones.