Política penitenciaria

El etarra Iparraguirre: «Teníamos que volver a matar»

El etarra Iparraguirre, que cumple una condena de 300 años en Alcalá Meco, insulta y amenaza de muerte a los funcionarios de la prisión y pide a la banda volver a las armas.

Ibon Iparraguirre Burgoa
Ibon Iparraguirre Burgoalarazon

El etarra Iparraguirre, que cumple una condena de 300 años en Alcalá Meco, insulta y amenaza de muerte a los funcionarios de la prisión y pide a la banda volver a las armas.

«Sois unos fascistas. Teníamos que volver a matar». De esta manera tan contundente se suele dirigir el preso etarra Ibon Iparraguirre Burgoa a los funcionarios de la prisión de Alcalá Meco, en la que cumple condena. Las numerosas denuncias que se han formulado contra él no han tenido, según informaron a LA RAZÓN fuentes penitenciarias, ningún resultado, lo que produce el doble efecto de provocar una sensación de impunidad en el terrorista; y la de que existe una doble vara de medir, en el resto de los reclusos.

Además, este individuo está entre los que los colectivos del entramado de la banda considera «enfermos», por lo que de ser cierto el plan de beneficios para los internos terroristas del que se han hecho eco algunos medios y que se atribuye al PNV, Iparraguirre sería uno de los primeros beneficiados en ser trasladado al País Vasco.

«Desde que ingresó en Madrid-2 (Alcalá Meco), este interno se ha caracterizado por las constantes provocaciones a otros internos así como a los funcionarios», según las mismas fuentes, que dan el dato de que hace algunos días llegó a defecar en el comedor.

Ante la aparente impunidad con la que se mueve, «de las provocaciones pasó en poco tiempo a los insultos y las amenazas, algunas de ellas de muerte. Todo lo que hace parece salirle gratis ya que, si bien se le sanciona disciplinariamente, nunca cumple ningún tipo de sanción». Para ello, agregan, se aducen motivos médicos.

Los funcionarios emiten dos o tres partes disciplinarios por mes que parecen «caer en saco roto». Frases como «Gora (Viva) ETA» o apuntar con el dedo a algún funcionario ( como si tuviera una pistola), es algo típico de este individuo», subrayan los medios consultados.

Mientras, los funcionarios «ven con impotencia que no va a cumplir ningún tipo de sanción haga lo que haga, diga lo que diga».

Ha sido denunciado varias veces por amenazas. En una ocasión, dijo a los funcionarios que «yo y mis amigos cuando tengamos una pistola os metemos dos tiros» y «fascistas, vosotros sois los terroristas». Otra vez, aseguró que «si supiera donde vives te pondría una bomba».

Una de las denuncias prosperó y se celebró una vista, en mayo de 2015, en Alcalá de Henares, que se quedó en un simple juicio de faltas. Salió absuelto de amenazas.

Las fuentes consultadas subrayan que «todo esto supone que el resto de reclusos llegan a creer que las consecuencias de un mal comportamiento en la prisión no son iguales, según de qué interno se trate».

Iparraguirre estuvo en régimen abierto en 2011 por una enfermedad pulmonar pero volvió a prisión para cumplir la condena que se le impuso de 299 años por la explosión de un coche-bomba en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa, en septiembre de 2008.

Su regreso a las celdas, según se informó entonces, estuvo salpicado de amenazas a los funcionarios de prisiones, en este caso de la cárcel de Basauri, en Vizcaya. Lanzaba mensajes a favor de la vuelta a las armas de ETA para asesinar a funcionarios de prisiones. Esta actitud agresiva parece relacionada con la decisión que en su día tomó la Justicia de retirarle el régimen abierto y devolverle a la cárcel. Iparraguirre, según las citadas fuentes, se mantiene dentro de la disciplina del Colectivo de Presos de ETA, el EPPK. El régimen abierto del que disfrutó, que le obligaba a comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio, fue adoptado por «el grave estado de salud del procesado, el tiempo que lleva privado de libertad y el estado del procedimiento», que se encuentra en la fase final de la instrucción. La defensa del etarra había solicitado su puesta en libertad provisional por «razones humanitarias» tras entregar varios informes médicos que acreditaban su «deteriorado estado de salud».