Política

Caso Pujol

El fiscal insiste en las «lagunas» de la explicación de Pujol sobre su fortuna

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Cataluña
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Cataluñalarazon

El fiscal del «caso Pujol» insiste en las «lagunas y contradicciones» de la explicación que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha dado sobre el origen de su fortuna oculta en el extranjero y ha reiterado sus sospechas sobre la posible "ilicitud"de los fondos de la familia.

El fiscal del "caso Pujol"insiste en las "lagunas y contradicciones"de la explicación que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha dado sobre el origen de su fortuna oculta en el extranjero y ha reiterado sus sospechas sobre la posible "ilicitud"de los fondos de la familia, informa Efe.

En un nuevo escrito remitido a la sala de la Audiencia de Barcelona que debe decidir sobre la petición de archivo del caso planteado por la defensa, el fiscal vuelve a defender que, aunque el dinero que la familia Pujol tenía en el extranjero se haya regularizado, debe ser investigada la "licitud de los fondos con los que se satisface la deuda tributaria".

En ese sentido, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que "no puede desconocerse que sí existe una sospecha sobre la ilicitud de los fondos, habida cuenta de que la vaga explicación de la procedencia de una herencia no resulta del todo plausible al presentar tanto lagunas como contradicciones".

Además, añade Luzón, la sospecha sobre la ilicitud de los fondos ocultos por la familia Pujol en el extranjero "debe conectarse con los hechos denunciados"en la querella presentada por Manos Limpias, que dio pie a la investigación judicial, dado que "apuntan a concretos orígenes delictivos de los fondos".

El fiscal admite que esos hechos denunciados por Manos Limpias están de momento "huérfanos del necesario sustento probatorio", pero recalca que son "suficientemente graves como para que los órganos judiciales a quienes compete la represión de esas conductas no permanezcan inactivos a la vista de un patrimonio que puede no corresponderse con las fuentes lícitas de renta conocidas de estas personas".

"Desde ese punto de vista resulta igualmente muy sencillo para los querellados aclarar el origen de los fondos cuya licitud se discute", añade el escrito de la Fiscalía.

Además del origen del patrimonio de la familia Pujol, el fiscal cree que "la conducta que de manera más palmaria exige ser investigada es la que podría ser constitutiva de un delito contra la Hacienda Pública".

En respuesta al argumento de la defensa, que mantiene que no existe delito alguno al haber sido los fondos de los Pujol en el extranjero debidamente regularizados, el fiscal cree que "se hace imprescindible comprobar"que ello se haya realizado correctamente, "algo que no puede asegurarse en este momento".

En ese sentido, el ministerio público recuerda que el informe del Banco de Madrid al que los Pujol traspasaron el dinero de sus cuentas en Andorra refiere regularizaciones de cantidades superiores al umbral de los 120.000 euros a partir del cual un fraude fiscal se considera delito, lo que "permite mantener la existencia de un delito contra la Hacienda Pública".

En opinión del fiscal, en esta fase de la instrucción no es exigible "que los contornos de los hechos punibles aparezcan nítidamente perfilados", en respuesta al argumento de la defensa del clan Pujol de que la investigación tiene "un marcado carácter prospectivo".

Para Luzón, "tal exigencia generaría espacios de impunidad, siempre intolerables y de manera especial en unas conductas de corrupción que han alcanzado dimensiones profundas en la sociedad española, con el riesgo cierto de socavar los principios básicos de los regímenes democráticos (...)".

"(...) Al disminuir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, que esta delincuencia pone a su servicio, termina por resultar dañado el propio Estado de Derecho", razona el fiscal Anticorrupción.