La Fiscalía califica el “procés” de “golpe de Estado” tras “un mes insurreccional”

El fiscal Zaragoza defiende que se trató de un ataque contra el orden constitucional y que Junqueras fue "el motor principal".

La Fiscalía ha calificado esta mañana las fechas clave del proceso soberanista en Cataluña, entre septiembre y octubre de 2017, de ”mes insurreccional” que culminó con un “golpe de Estado”. Los acusados en el juicio del “procés”, ha defendido el fiscal Javier Zaragoza en su informe final, “pretendían derogar o modificar sustancialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El representante del Ministerio Público ha hecho hincapié en que el desafío independentista “no es un ataque contra el orden público”, por lo que no se puede considerar un delito de sedición, sino que se trató de “un ataque contra el orden constitucional” en el que hubo “violencia física” y, también, “intimidatoria”. Se utilizó la violencia, ha añadido, “como instrumento para favorecer la declaración de independencia y el reconocimiento como Estado independiente” de Cataluña, presentando a España “como un Estado represor, franquista, en el orden internacional”. “No hacen falta armas ni militares, ni que la violencia sea grave o con armas”, ha recalcado.

Zaragoza ha calificado a Oriol Junqueras -para quien la Fiscalía pide una condena de 25 años de prisión- de “motor principal de la rebelión” y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart de “dinamizadores de la movilización popular” para impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad el 1-O. Ambos, ha denunciado, se convirtieron la tarde del 20 de septiembre de 2017, durante el registro de la Conselleria de Economía, en “los responsables del orden público en Barcelona”, lo que ha calificado de “increíble”. “Manejaban a los concentrados, y también a los Mossos, y condicionaron la actuación de la Guardia Civil”, ha insistido.

El Govern que presidía Carles Puigdemont era, ha dicho, el “maquinista principal” de la rebelión, al asumir la convocatoria del 1-O, la aprobación de normas complementarias para financiar la desconexión con el resto de España y la creación de las estructuras de Estado. Puigdemont, junto con Junqueras y los entonces consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, entre otros, componían lo que ha tildado de “sanedrín” o “estado mayor” del proceso independentista.

Zaragoza también ha señalado expresamente al ex conseller de Interior Joaquim Forn, quien “tuvo el control absoluto de los Mossos en todo momento”, a los que puso al servicio de un plan para que la gente pudiera votar. “Fue un montaje en el que la trampa era sustituir la parte dispositiva del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (que ordenó impedir la votación y requisar el material electoral en los centros de votación) por seis palabras” de esa resolución, ha asegurado. A partir de ese momento, ha añadido, “preservar la convivencia ciudadana se convirtió en el objetivo principal”.

A los doce acusados, ha asegurado el fiscal, no se les juzga por sus ideas políticas, sino por “haber intentado liquidar la Constitución, instrumento básico de nuestra convivencia, mediante procedimientos ilegales” y utilizando la violencia “en aquellos momentos en los que ha sido necesaria”. Y todo ello, ha añadido, “amparado en un derecho de autodeterminación que carece de amparo normativo en el Derecho internacional”.

Otro de los fiscales de la causa, Jaime Moreno, ha precisado que los líderes del “procés” recurrieron al uso de la violencia en tres momentos clave: al intentar entorpecer la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investigó el 1-O, que “había tocado la médula de la organización del referéndum”, al hostigar a las Fuerzas de Seguridad del Estado y al pasar “el Rubicón” de la consulta soberanista. Ese recurso a la violencia, ha resaltado, era “absolutamente necesario para subir determinados peldaños en la hoja de ruta” independentista.

Para el fiscal Moreno, el asedio a la Consejería de Economía el 20-S “no se puede disfrazar de protesta”. Se trató, ha hecho hincapié, “de un acto de obstaculización intimidatoria y violenta” de la actuación judicial. “¿Es un acto pacífico -se ha preguntado irónicamente en relación a la conducta de Sánchez y Cuixart el 20-S- estar subido a coches de la Guardia Civil devastados y vandalizados y llamarles altar majestuoso?”.